La libertad de prensa atraviesa en España por su peor momento desde que se recuperó la democracia, tras los 40 años de censura y represión del franquismo, y sufre presiones y ataques muy graves jamás imaginados. Dicho con otras palabras: un derecho fundamental de la ciudadanía consagrado en la Constitución, el derecho que tiene a recibir información veraz y plural, no se está cumpliendo del todo.
Esto significa, y hay que repetirlo por si alguien todavía no se ha percatado de ello, que la democracia no es plena y está amenazada. Porque sin libertad de información no es posible que exista un sistema democrático que funcione correctamente.
LA PRENSA LIBRE, ESENCIAL EN LA DEMOCRACIA
El 20 de diciembre de 1993, las Naciones Unidas proclamaron el 3 de mayo como Día Mundial de la Libertad de Prensa. Lo hicieron a instancias de la Unesco, para fomentar la libertad de prensa en todo el mundo, «al reconocer que una prensa libre, pluralista e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática».
Habrá quienes opinen que esta conmemoración se refiere sobre todo a los países del mundo en los que no existen libertades. Se equivocan: en sociedades democráticas como la española o las de los países miembros de la Unión Europea también hay muchas restricciones y limitaciones a la libertad de prensa e información, cada vez más.
Habrá quienes consideren que este día sólo afecta a los periodistas. También se equivocan: los titulares del derecho a la información son los ciudadanos y, por eso, son ellos quienes deben exigir que se cumpla; los periodistas somos meros intermediarios que debemos encargarnos con nuestro trabajo de que ese derecho constitucional y humano sea una realidad cada día.
UN MOMENTO MUY GRAVE
La situación de los medios de comunicación en España es muy grave, debido a la crisis económica, el cambio en los hábitos de lectura por los avances tecnológicos, la falta de visión de la mayoría de los empresarios para afrontar la era de internet y otras causas. Después de la construcción, este sector ha sido el más afectado por la crisis en España.
El momento actual puede resumirse en el retrato que ha hecho la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) con motivo del 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y el 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa:
«Unos 12.000 despidos en los seis últimos años en el sector, cierre de varios centenares de medios de comunicación, eliminación por ley de derechos históricos de los trabajadores, incremento de las restricciones al derecho a informar de los fotoperiodistas en las manifestaciones y protestas ciudadanas, control y manipulación política de las televisiones públicas, no reconocimiento de los periodistas y fotoperiodistas como autores de la información, aumento de los ‘colaboradores a la pieza’ con remuneraciones de miseria y sin ningún derecho laboral, despido de trabajadores de plantilla para que continúen realizando el mismo servicio pero como autónomos, utilización abusiva de becarios para que trabajen sin sueldo como periodistas profesionales».
A MAS PRECARIEDAD, PEOR INFORMACIÓN
Nadie discutirá que esta situación, unida a la precariedad cada día mayor de todos los trabajadores de los medios de comunicación, ha empeorado la calidad de la información. O, lo que es lo mismo, ha perjudicado y perjudica al derecho a la información de la ciudadanía. Porque si el periodista no trabaja en unas condiciones dignas, sino con un contrato precario o sin él y con la amenaza permanente del despido a bajo precio, será mucho más fácil presionarle para que informe según le interese al poder -económico, político o del propio medio- y no en función de lo que interesa a la ciudadanía.
En una conmemoración como ésta merecen una mención especial las televisiones públicas, tanto TVE como las autonómicas, que son un foco permanente de polémica. Con frecuencia hay quien dice que es preferible cerrarlas, para que no manipulen con dinero público en favor del partido político de turno. Esta afirmación no se sustenta y también es un error: las televisiones y las radios públicas son necesarias, porque deben emitir una información a la que tienen derecho los ciudadanos y que no les van a ofrecer las cadenas privadas. Lo que hay que exigir es que estén bien gestionadas, con una financiación adecuada pero sin despilfarros, con los controles democráticos necesarios y con una programación de calidad.
Esto también deberían reclamarlo a diario los ciudadanos, porque es su derecho. Como el de recibir una información veraz y plural en el medio de comunicación que prefieran leer, escuchar o ver.
Y EN CASTILLA-LA MANCHA…
Ya que no ha sido a la tercera, a ver si a la quinta va la vencida. El juez ha ampliado por quinta vez, hasta el 30 de mayo, el plazo para presentar ofertas de compra del aeropuerto de Ciudad Real. Fue un disparate que se le ocurrió a alguna mente calenturienta como el primer aeropuerto internacional español de capital privado que ha funcionado mal apenas cuatro años, está cerrado desde 2012, costó 1.100 millones de euros y ahora lo ofrecen por 90 millones.
Peor es el caso del aeropuerto de Castellón, construido con dinero público por empeño del ex presidente de la Diputación y del PP provincial, el polémico Carlos Fabra, que fue inaugurado hace tres años y todavía no ha empezado a operar. Todo un ejemplo de la cultura del despilfarro que acompañó en España al boom inmobiliario.