El Confidencial saca a la luz un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y aseguran que «ACS se alió con el Partido Popular de Murcia para dar un pelotazo de 600 millones con la desaladora de Escombreras, en Cartagena». Según este informe de más de 200 páginas, políticos del Gobierno del PP en Murcia, junto con altos cargos de la constructora de Florentino Pérez, empresarios locales y varios bufetes de abogados «amañaron» la adjudicación de la construcción de esta desalinizadora, para más tarde cargar las deudas que se extrajeron del proyecto para cargarlas a los presupuestos regionales.

Para realizarlo, según señala El Confidencial, se ayudaron de contratos falsos, facturas simuladas, informes jurídicos fabricados, además de otras trampas contables.

Desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Murcia llevan más de dos años investigando el conocido como «caso La Sal» y a este mismo órgano judicial fue a quien remitió la UDEF el informe que hoy publica el diario digital.

Hasta 32 personas habrían participado en este presunto fraude, entre ellos el exconsejero de Agricultura y Agua de Murcia durante el mandato de Ramón Luis Valcarce, Antonio Cerdá. También participaron supuestamente empleados de ACS y su filial Cobra.

Tal y como explica la investigación de la UDEF, ASD y el Gobierno de Murcia habrían concertado la licitación de la desaladora sin contar con la Ley de Contratos del Sector Público. Para ello, ACS fundó la compañía Desaladora de Escombrera SA tras aliarse con varios constructores locales. Las obras costaron 111 millones, cuatro veces más de lo que se había presupuestado inicialmente en otros informes.

Un mes después, el Gobierno murciano creó una empresa pública que compró el 51 por 100 de la sociedad que había creado ACS. «Se creó la empresa Desaladora de Escombreras SA a sabiendas de que sería participada por empresas públicas, las cuales estaban al corriente y además eran esenciales en el modelo de negocio, al sufragar este por completo, liberando a la parte privada de los costes y riesgos de la operación», explica el informe de la UDEF destapado por El Confidencial.

Además, esa compra de acciones no contó con el aval de los servicios jurídicos del Gobierno de Murcia, quien también cedió el suelo para la planta. Esto provocó que la región tuviese asumir todas las cargas a las que se había comprometido ACS previamente. Entre las cláusulas que tuvo que asumir estaba el contrato que obligaba a abonar a la constructora y a los socios el alquiler de la planta y de su producción de agua desalada hasta el 2034. Además, una vez concluido ese periodo el Gobierno debería comprar la instalación.

Las desaladoras como esta de Escombreras se construyeron hace una década para paliar el déficit de agua de la cuenca del Segura y sobre todo de la Región de Murcia. Para ello se empleó una gran cantidad de dinero procedente de la Unión Europea.

El Gobierno de CLM exige responsabilidades al PP

Las reacciones a la noticia no han tardado en producirse. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha «exigido responsabilidades» al Partido Popular por el «presunto fraude de 600 millones. El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha asegurado que «es una cuestión muy grave» y ha pedido al PP a «dar una respuesta por tratarse de dinero público y que evidencia que de esta forma no se está repartiendo el agua entre todos, sino que se están beneficiando unos pocos», ha afirmado el consejero.

En este sentido, Martínez Arroyo ha afirmado que «con el agua se han hecho negocios turbios, sin transparencia»

Además, ha pedido al Gobierno de España «incluya a todos en el Pacto nacional en materia de agua para que la Comunidad Autónoma sea parte activa de ese acuerdo», ha aseverado.

Durante la atención a los medios de comunicación, Martínez Arroyo ha argumentado la necesidad de que en esta materia se trabaje «de la mano», pero «defendiendo los derechos de los ciudadanos de Castilla-La Mancha», y ha reiterado que «con nosotros no cuenten con la guerra de agua entre regiones, sino que el agua genere desarrollo en la Comunidad Autónoma».