El Juzgado número uno de Torrijos ha admitido a trámite una querella del exconcejal de La Puebla de Montalbán (Toledo), Fernando Castaño, contra el excalde de la localidad, Juan Carlos Camacho, por supuestos delitos de prevaricación y malversación, que habría cometido en 2012, durante su mandato. La cantidad supuestamente defraudada es 3.500 euros. Camacho ha recurrido la decisión del Juzgado.
El auto del Juzgado, al que ha accedido encastillalamancha.es, sostiene que Camacho habría dictado un decreto de Alcaldía por el que declaraba justificado el empleo de 950,75 euros que «había decidido entregarse a sí mismo de las arcas del Ayuntamiento y en la modalidad de justificar para diversos gastos, que no concretó, que habrían de hacerse con ocasión de la celebración de las fiestas patronales del año 2012 que tienen lugar los días 15 a 18 de julio (…), dinero en metálico que el imputado destinó a gastos que no guardaban relación alguna con funciones o tareas propias del Ayuntamiento».
Además, los fundamentos de derecho del auto incluyen que el 27 de septiembre de 2012, «el imputado dictó decreto de Alcaldía mediante el que autorizó a él mismo que le fueran entregados de las arcas del Ayuntamiento y en la modalidad de ‘a justificar’, 2.000 euros para ‘diversos gastos’, que no especificó, que habrían de hacerse en ocasión de la celebración del Festival de la Celestina que había tenido ligar en fechas anteriores al decreto, los días 16 y 17 de agosto».
«Posteriormente», añade el auto, «en fecha de 23 de octubre de 2012 el imputado dictó decreto de Alcaldía mediante el que aprobaba y daba por justificado el empleo que se había dado de aquellos 2.000 euros presentando al efecto recibos de pagos que o se referían a gastos que no guardaban relación con la función pública o no justificaban debidamente el empleo de las cantidades anteriores».
Se añade en los fundamentos de derecho que «los referidos decretos fueron dictados a sabiendas de que contrariaban los dispueso en el Real Decreto 500/1990 y lo dispuesto en las Bases de Ejecución del Presupuesto del año 2012 del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán, que establecen que las denominadas ‘órdenes de pago a justificar’ solo se pueden expedir con carácter excepcional y para hacer frente a gastos futuros o prróximos a realizar».
Por todo lo anterior, el Juzgado dispone que se continúe con la tramitación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado, por si los hechos imputados a Juan Carlos Camacho fueran constitutivos de presunto delito de precaricación (…) y de un delito de malversación». Y dispone que se dé traslado al Ministerio Fiscal «y, en su caso, a las acusaciones particlares personadas, para que en el plazo común de 10 días, solicite la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias».
Puede haber impugnación por el querellado mediante la interposición de un recurso de reforma y subsidiario de apelación dentro de los tres días siguientes a su notificación o recurso de apelación directo dentro de los cinco días siguientes a su notificación.
EL EXALCALDE: «SOLO DEFECTOS DE FORMA»
Por su parte, el querellado Juan Carlos Camacho asegura que todos los gastos estaban firmados por el interventor, el tesorero y él mismo, y que «el interventor solo adujo defectos de forma que fueron subsanados». Defectos de forma que justifica por la «grave deuda que dejaron los socialistas, seis millones», la cual, según él, dificultaba incluso la financiación del Ayuntamiento para hacer frente a los gastos más corrientes. Asegura que los proveedores del pueblo dieron fe de su versión de los hechos.
Frente a la versión de Castaño de que le presionó junto al primer teniente de alcalde, lo niega: «Fue por envidia, quizá a raíz de que el concejal de Hacienda dejó de comprar en su tienda. Nadie le quiere en el pueblo. Llegó a la Corporación bajo las siglas del PP aunque no estaba afiliado. Al poco, se pasó al grupo no adscrito».
CASTAÑO: «ME PRESIONARON EL ALCALDE Y EL PRIMER TENIENTE DE ALCALDE»
El querellante, Fernando Castaño, no era afiliado al PP cuando formó parte de la Corporación tras ganar Juan Carlos Camacho la Alcaldía en la pasada legislatura, pero duró apenas un mes, arguyendo «presiones del alcalde y el primer teniente de alcalde». Castaño asegura que él siempre ha «mirado por los vecinos» y que su marcha al grupo no adscrito se debió, además de por lo anterior, por la fraudulenta gestión que Camacho presumiblemente hacía de los dineros públicos.
Es más, asegura que su querella incluía varias partidas más supuestamente defraudadas por el excalde, que no se incluyeron en la querella dado que el Ayuntamiento «no quiso aportar la documentación requerida», asegura. Castaño, que al igual que Camacho ya no es edil, avanza que, si la actual Corporación (sigue gobernando el PP) aporta la documentación, piensa ampliar la demanda.
Por último, el demandante ha aportado el detalle de la tercera cantidad presuntamente defraudada por Camacho: «Fueron otros 500 euros, cuyo gasto fue librado por el alcalde con el capítulo de ‘a justificar’, con fecha 31 de agosto de 2012, empleado para ‘diversos gastos». Camacho asegura que hubo más cantidades supuestamente defraudadas, que el exalcalde «gastaba mucho antes de aquello para lo cual supuestamente iba destinado».