El portavoz del PSOE en la Diputación y secretario general de este partido en Toledo, Álvaro Gutiérrez, como respuesta a algunas de las afirmaciones del presidente de la institución provincial, Arturo García-Tizón, referentes al futuro de la misma y la actualidad de la provincia (contenidas en una entrevista aparecida en encastillalamancha.es), cree que el futuro del Hospital Provincial y la Residencia Social Asistida es la privatización». Augura una «alta conflictividad laboral» en la Diputación por los planes del PP, pide a Tizón que exija a Cospedal la deuda de la Junta y cree que aquel «desconoce la realidad de los pueblos» al plantear una reducción en el número de los mismos. Por su parte, Pablo Hidalgo, miembro de la Mesa General de la Diputación, cree que el equipo de gobierno «ha perdido el rumbo» e insiste en que es este el que debe proponer unos cambios en las condiciones laborales que los sindicatos consideran justas.
Para el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Toledo y secretario general del PSOE en Toledo, Álvaro Gutiérrez, la decisión del equipo de gobierno de la Diputación de transferir al Sescam no solo el Hospital Provincial sino también la Residencia Social Asistida, sugerida por el presidente de la Diputación Arturo García-Tizón en una entrevista concedida a encastillalamancha.es, «demuestra lo que quiere hacer el PP, despedir a gente, lo contrario que decía su eslogan en la campaña electoral».
Insiste en que la decisión del consorcio es un «instrumento de despedida y cierre, y luego va a venir la Residencia Social Asistida». «En los dos casos se presta un peor servicio para llegar a lo último, que es la privatización», añade. Para Gutiérrrez, sin embargo, los dos centros «cumplen un papel de servicio social fundamental en la provincia de Toledo, que hasta ahora se ha financiado perfectamente vía convenio». Para él, si el problema es que «la Junta no paga, pues que pague», por ello urge al presidente de la Diputación, Arturo García-Tizón, que exija el pago a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal.
Para el dirigente socialista, el proceso del consorcio va a acarrear una alta conflictividad laboral, ya que ve lógico que «los sindicatos no estén por que se despida a mucha gente». También se lamenta de la «incertidumbre» que acarrea el hecho de que «no se esté informando del proceso a los sindicatos ni a la oposición».
Asimismo, en la misma entrevista, Tizón no descartaba la posibilidad de que se haga un ERE en la Diputación. «Espero que no se produzca», afirma Gutiérrez, quien recuerda la reciente sentencia judicial contraria al despido de 97 trabajadores del Dipucamina. «Los tribunales no les dan la razón, y es que las admnistraciones no deben despedir a gente, sino a crear empleo», opina al respecto.
Por otro lado, el presidente de la Diputación considera que la provincia «estaría mejor con un número menor de ayuntamientos», considerando lo racional que tengan entre 3.000 y 5.000 habitantes para prestar así adecuadamente los servicios. «Si se refiere a la desaparición de ayuntamientos, mi opinión es bastante contundente, ya que los pueblos tienen su idiosincrasia, tradiciones y sentimientos. Me sorprende mucho que un presidente de la Diputación diga eso. ¿Se imaginan a los vecinos de Almorox teniendo que unirse a los de Escalona?», se pregunta Álvaro Gutiérrez.
Considera que tal idea «es de alguien que no conoce la realidad del mundo rural, de alguien que quiere extinguirlo», asevera. «Es una declaración irresponsable», agrega quien apuesta por la mancomunidad de los servicios a la manera que ya se hace.
Por último, García-Tizón considera necesaria una ley que exija responsabilidades a los gestores públicos que generan despilfarro. Respecto a ello, Gutiérrez prefiere «una ley que se aplique a la sensatez en la política». Coincide con Tizón en que «hay alcaldes lo que están pasando mal porque la Junta no les paga», pero objetó que «el presidente de la Diputación se preocupe por ellos y no por los desempleados y los trabajadores de los centros de la institución que no tiene problemas en despedir».
Por último, refiriéndose a esa ley que pide García-Tizón, se pregunta Gutiérrez «si no habría que aplicarla al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, «como ejemplo del mayor disparate en la gestión de un municipio, Madrid».
UGT, PREOCUPADA POR «LAS FORMAS»
Para uno de los miembros de la Mesa General en la que se debe negociar las condiciones laborales de los trabajadores de la Diputación, Pablo Hidalgo, de UGT, «al equipo de gobierno le estorban tanto el Hospital Provincial como la Residencia Social Asistida San José». A este sindicalista, que insiste en que su organización está dispuesta a negociar, le preocupan «las formas» de los nuevos gestores de la institución, y se pregunta por qué Tizón considera que los dos centros citados no son competencia de la Diputación.
Reitera que a los sindicatos, hasta la fecha, «no se les ha presentado ninguna cuenta» ni ningún plan específico, así como que, si las centrales consideran que los centros y los servicios que prestan funcionan, no entiende por qué ellos tienen que presentar nuevas condiciones.
Asimismo, Hidalgo objeta al equipo de gobierno sus planes de recorte «cuando hay un remamente de tesorería de 15 millones del ejercicio de 2011 que le permite ser autosuficiente en los pagos».
Sobre la posibilidad de que haya un ERE en la Diputación, que su presidente no negó, dice que «para ello se deben dar una serie de circunstancias», aunque considera que «la institución, al ser pública, no debe tener ganancias, sino que es lógico que se endeude».
Como colofón, el representante de UGT cree que el equipo de gobierno «ha perdido el rumbo». «Los que pierden», añade, «son los pueblos toledanos, porque ahora que ya tienen de todo en infraestructuras, les faltan asistencias, y sin embargo están cerrando todo cuando a la Diputación le llega mucho dinero del Estado».