Como no podía se de otra forma, los actores sociales de Castilla-La Mancha se han manifestado públicamente ante el anuncio de la huelga general para el próximo 11 de noviembre. Mientras CCOO exhorta a seguir la misma «por la vivienda, los salarios y los precios» y UGT «para que la vivienda deje de ser un privilegio», Cecam pide que pide que «la huelga no tenga consecuencias para las empresas cuando las demandas corresponden a las administraciones»,
Javier Ortega (CCOO): Por la dignidad
Así, el secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía, a las personas trabajadoras y a los jóvenes para que secunden la huelga general convocada para el 11 de noviembre y se sumen a la movilización. El objetivo es conseguir, de una vez por todas, que las pretensiones de la clase trabajadora sean escuchadas en este país, que la vivienda deje de ser un lujo y sea un derecho y que los salarios nos permitan vivir con dignidad.
Así lo ha manifestado Javier Ortega esta mañana al inicio de las Jornadas formativas en la Universidad que se celebran en Albacete, en el marco del Día del Trabajo Decente, señalando que CCOO ya ha puesto en marcha los mecanismos para la organización de esta movilización tan importante y ha iniciado los contactos con sindicatos de inquilinas y plataformas por el derecho a la vivienda de Castilla La Mancha porque la huelga, además de su carácter laboral, tiene también un componente social y generacional y un sesgo de clase.
Tras lamentar en nombre de CCOO el fallecimiento de Mari Carmen y expresar sus condolencias a todos sus seres queridos, el secretario regional ha insistido en que vivienda y salario están inevitablemente ligados porque “es imposible acceder a una vivienda digna sin salarios dignos”. En este sentido ha interpelado, en primer lugar, a todas las administraciones que tienen competencia en materia de vivienda: el Estado, las comunidades autónomas, a las que se han transferido ingentes fondos y que tienen capacidad de intervenir, y a los ayuntamientos que tienen que poner suelo a disposición. Y en segundo lugar, ha interpelado a las patronales, “que llevan paralizando desde hace tiempo las subidas salariales en los convenios colectivos de nuestra región”.
“Es imprescindible lanzar un marco de negociación colectiva que contemple subidas salariales entre un 4 y 7% para poder compensar la pérdida retributiva y la pérdida de poder adquisitivo provocada por la persistente subida de los precios de la cesta de la compra, de los combustibles, de la vivienda y de todo en general. La patronal y las empresas de este país tienen la gran responsabilidad de repartir los beneficios y de que los márgenes empresariales también repercutan en la calidad de vida de las personas trabajadoras”.
La huelga general por la vivienda se hará el 11 de noviembre: los sindicatos llegan a un acuerdo
UGT: «La vivienda debe ser un bien básico»
Por su parte, la secretaria general de UGT Castilla-La Mancha, Lola Alcónez, ha hecho un llamamiento a sumarse a la huelga general para que «la vivienda deje de ser un privilegio».
En un comunicado, ha explicado que la huelga general anunciada por las dos principales organizaciones sindicales es una interpelación a las administraciones y a la patronal «para que, de una vez por todas, los salarios garanticen el acceso a un bien básico como es la vivienda”.
Ha sostenido que la protesta también busca desbloquear los convenios colectivos y poner encima de la mesa la necesidad de renovar el VI Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).
La responsable regional de UGT ha subrayado que los motivos de esta huelga que tendrá lugar este otoño son reivindicaciones “que vienen de largo y que llevan tiempo paradas”.
Muchas de ellas, ha agregado, vienen recogidas en las demandas de UGT para el VI AENC, entre otras un incremento salarial de entre el 4 y el 7%, cláusulas de revisión salarial o cláusulas para facilitar el acceso a la vivienda.
También se ha referido a la propuesta sindical unitaria en la que UGT y CCOO exigen una «respuesta contundente» al problema de la vivienda que tiene la ciudadanía, que pasa por el cumplimiento efectivo de la Ley de Vivienda, regular las viviendas de uso turístico, limitar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas y crear un parque público de vivienda.
Alcónez ha hecho un llamamiento a los trabajadores para que «se unan y se sumen a esta huelga en la que reclamaremos que los salarios permitan vivir dignamente a todos y todas y poder pagar una vivienda”, ha dicho.
Cecam: «Preservar la normalidac democrática»
En cuanto a la Confederación Regional de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), en línea con la postura planteada desde CEOE y Cepyme, considera necesario preservar la normalidad democrática y evitar que una cuestión como la huelga general del 11 de noviembre, «cuyo ámbito de decisión corresponde a las administraciones, se traslade a la actividad de las empresas y de sus trabajadores».
Tras el anuncio oficial de la convocatoria de huelga general para el próximo día 11 de noviembre, Cecam ha señalado que las reivindicaciones que motivan esta convocatoria se centran fundamentalmente en cuestiones relacionadas con las políticas de vivienda y con decisiones de carácter legislativo y presupuestario cuya responsabilidad corresponde a las administraciones públicas.
«Estas materias quedan fuera del ámbito de gestión de las empresas y, por tanto, no tienen una naturaleza esencialmente laboral».
En consecuencia, según señala Cecam en nota de prensa, «no resulta adecuado trasladar a las empresas, a sus trabajadores y al conjunto de la actividad económica los efectos de una medida de presión dirigida a provocar cambios en decisiones que corresponden a los poderes públicos».
Desde la patronal castellanomanchega afirman que la convocatoria de huelga se produce en «un contexto especialmente significativo», ya que esta fue anunciada por los sindicatos horas después del anuncio de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre.
En todo caso, Cecam apela a la necesidad de garantizar el derecho al trabajo, el normal funcionamiento de las empresas y el mantenimiento de la actividad económica.
Considera que las «empresas deben quedar al margen de debates y decisiones que corresponden al ámbito político e institucional, especialmente cuando se pretende hacer recaer sobre ellas los efectos de una medida de presión vinculada a cuestiones que exceden de las relaciones laborales».
