martes, 18 de enero de 2022
Un supuesto delito de sedición 02/01/2017junio 6th, 2017

El abogado Eduardo Ranz ha denunciado a la alcaldesa de Alberche del Caudillo (Toledo), Ana Rivelles, y al alcalde de Guadiana del Caudillo (Badajoz), Antonio Pozo, por un delito de sedición al negarse a retirar los nombres franquistas de estos pueblos e incumplir así la Ley de Memoria Histórica.

Según ha informado Ranz, también ha denunciado al secretario provincial del PP de Badajoz y diputado de la Asamblea de Extremadura, Juan Antonio Morales, por afirmar en público que tiene «una lucha política permanente» contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y contra el PSOE «por su afán de borrar cualquier vestigio del franquismo».


En la denuncia, el letrado recuerda que en virtud de la Ley de Memoria Histórica, las administraciones públicas deben tomar «las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura».

No obstante, Ranz considera que los denunciados no han cumplido la mencionada ley al negarse a quitar el nombre con connotación franquista de los pueblos y al no haber elaborado aún un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y a la dictadura en esos territorios, como obliga la ley.

Según el abogado, durante la cena de la Fundación Francisco Franco, a principios de diciembre del año pasado, la alcaldesa del pueblo toledano de Alberche del Caudillo, Ana Rivella, dijo que Franco «fue, sin duda, el mejor jefe de Estado español del siglo XX y uno de los mejores de la Historia de nuestra patria».

También en la misma cena, el alcalde de Guadiana del Caudillo, Antonio Pozo, manifestó que mientras él «respire y sea alcalde» nadie borrará la historia de su pueblo, por lo que conservará su denominación aunque incumpla la ley.

Y señala que en una entrevista Pozo respondió que no había que cumplir la ley porque lo que hace es «crear enfrentamientos entre vecinos».

Los delitos de sedición están castigados con una pena de diez a quince años de prisión en el caso de cargos públicos o «personas constituidas en autoridad».

El letrado, especializado en memoria histórica y derechos humanos, demandó hace casi un año al Ayuntamiento de Madrid por no retirar vestigios franquistas y solicitó que se cambiasen los nombres de ocho pueblos que mantienen nombres relacionados con la dictadura.

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