martes, 24 de mayo de 2022
Tras la petición de la Fiscalía 01/02/2017junio 6th, 2017

El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Toledo, José Pablo Sabrido, ha expresado hoy «el respeto» del Gobierno local a la decisión de la Fiscalía de pedir el sobreseimiento provisional del caso del contrato de basuras de Sufi, pero ha recordado que «el fiscal evidentemente no es el juez».
Por su parte, el senador y portavoz local del PP, Jesús Labrador, ha dicho sobre este mismo asunto que «el recorrido judicial del caso Sufi se debía haber acabado hace mucho tiempo» y ha destacado que la posición de la Fiscalía es «bastante clara».

A preguntas de los periodistas sobre la petición de la Fiscalía de archivar el caso de la adjudicación del servicio de basuras del Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi en 2007 por un presunto delito de prevaricación, Sabrido ha afirmado: «En todos los casos y en todo momento, siempre hemos manifestado el absoluto respeto a las decisiones judiciales».


Asimismo, ha recordado que el caso de Sufi «fue denunciado por miembros del propio Partido Popular» y ha comentado: «El fiscal es una parte importante de lo que es el plan de judicatura, pero evidentemente no es el juez».

Sabrido ha declinado hacer más comentarios, a pesar de las insistentes preguntas de los medios de comunicación y ha reiterado: «Nosotros, como siempre, estamos a disposición para colaborar con la justicia y por supuesto para acatar sus decisiones».

«No lo valoro, lo respeto» ha subrayado Sabrido sobre la decisión de la Fiscalía, y ha argumentado: «No soy juez, no lo puedo valorar, lo que hemos dicho en este caso siempre es lo mismo: colaboraremos con la Justicia y acataremos lo que decida, no puedo decir otra cosa y no porque no se me ocurran otras cosas, sino porque creo que es lo que debemos de hacer y así lo haremos».

PP: «EL RECORRIDO DEL CASO SUFI DEBERÍA HABER ACABADO HACE MUCHO TIEMPO»

Por su parte, acerca de este mismo asunto, el senador y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Toledo, Jesús Labrador, ha opinado hoy que «el recorrido judicial del caso Sufi se debía haber acabado hace mucho tiempo» y ha destacado que la posición de la Fiscalía, que pide archivar la causa, es «bastante clara».

Labrador ha expresado su «respeto a las decisiones judiciales», al tiempo que ha resaltado que «el Ministerio Fiscal ha considerado que no hay ningún indicio» de «actuación irregular por parte de nadie del PP».

«Lo que deseamos y desean todos los ciudadanos siempre que se acercan a la justicia es que haya una resolución definitiva lo antes posible y ahora será el momento de que el señor Emiliano García-Page explique por qué fue él el que levantó el reparo de los servicios de intervención del Ayuntamiento y fue el que modificó las condiciones de contrato», ha expuesto el portavoz del PP.

Y ha dicho que el presidente autonómico, Emiliano García-Page, actuó de la misma forma en su condición de alcalde de Toledo con «el tema de Tagus», ya que «levantando un reparo del interventor, se condonaron 70 millones de euros a la empresa adjudicataria del agua».

Con ello, ha opinado que «el recorrido judicial del caso Sufi se debía haber acabado hace mucho tiempo», aunque ha insistido en mostrar su «respeto» a «las decisiones judiciales y los tiempos procedimentales».

El fiscal provincial de Toledo, Luis Ibáñez, ha pedido el archivo de la causa después de que el juez Pablo Ruz decidiese en un auto de marzo de 2015 enviar a una juzgado de la ciudad esta parte del caso Bárcenas, tras concluir que la investigación abierta por la concesión del contrato de basuras podría ser constitutiva de un delito de prevaricación administrativa.

Ruz argumentó que debía inhibirse a favor del juzgado decano de Toledo por falta suficiente de conexión con el resto del caso, ya que el propio relato del extesorero del PP Luis Bárcenas desvincula las supuestas aportaciones económicas recibidas por Sufi, filial de Sacyr, de la mecánica de funcionamiento de la caja B del PP.

Bárcenas declaró que la adjudicación del contrato de basura respondió a una donación de 200.000 euros de esa empresa para la campaña electoral autonómica de 2007 de la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

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