El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha abrió 285 expedientes en 2024, de los que han sido resueltos el 82,74 por ciento, según recoge la memoria del primer año completo de funcionamiento de este órgano, que ha presentado este lunes su presidente, Fernando Muñoz.
En su primer año completo de funcionamiento, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha se ha consolidado como una institución «austera, pero eficaz», ha afirmado Muñoz en su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes regionales, ante la que ha comparecido a petición propia para dar cuenta de la memoria del año 2024.
Con solo ocho personas, se han resuelto desafíos operativos y se han sentado las bases para que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno se convierta «en todo un referente ético», ha subrayado el presidente del órgano.
Tipología de las reclamaciones
De acuerdo con la memoria de 2024, de los 285 expedientes abiertos en año pasado 244 se correspondieron con reclamaciones relacionadas principalmente con denegaciones o silencios administrativos en el acceso a la información pública y otras 15 a quejas, vinculadas a deficiencias en la calidad de los servicios públicos sujetos a transparencia.
Hubo también 20 denuncias por incumplimientos de publicad activa, como ausencia de datos obligatorios en los distintos portales institucionales, seis consultas técnicas, que se refieren a solicitudes de orientación normativa por parte de entidades públicas.
En cuanto a las materias, 247 estuvieron relacionadas con el derecho de acceso a la información pública, mayoritariamente vinculadas a solicitudes de documentos urbanísticos, contratación pública y gasto institucional, 23 casos de publicidad activa
Atendiendo al perfil del reclamante, 211 fueron personas físicas, 36 personas jurídicas y 18 entidades del Tercer Sector, mientras que 180 expedientes estuvieron relacionados con ayuntamientos (63 %), 72 con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (25 %), 21 con las diputaciones provinciales (8 %) y 11 con consorcios públicos (4 %), ha precisado el presidente del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
A su vez, del total de reclamaciones recibidas 61 fueron estimadas y 58 desestimadas, mientras que fueron archivadas 43, otras 69 fueron inadmitidas y hubo cuatro quejas o consultas. Además, solo en un caso la reclamación dio lugar a un recurso contencioso-administrativo.
Muñoz ha hecho hincapié en el número de expedientes archivados, que se debió a dos razones: a que se logró una mediación efectiva entre el reclamante y el sujeto reclamado, lo que permitió alcanzar un acuerdo y porque a que una vez presentada la reclamación se le ha dado la información al reclamante tras el requerimiento del Consejo Regional de Transparencia.
Guadalajara, la provincia con más expedientes
Sobre la procedencia de las reclamaciones, el mayor número tenían relación con Guadalajara, con 98 expedientes (el 34 %), mientras que en Toledo se abrieron 55 expedientes (el 19 %), en Albacete 30 expedientes (11 %), en Cuenca 20 expedientes (7 %) y en Ciudad Real 15 expedientes (5 %).
También hubo otros 67 expedientes que procedían de otras provincias españolas, lo que representa el 24 % del total y pone de manifiesto el papel del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno «como referente autonómico más allá de Castilla-La Mancha», ha destacado su presidente.
A su juicio, estos datos evidencian que el Consejo Regional de Transparencia «se ha convertido en un aliado estratégico de los organismos públicos», así como en su primer año completo de funcionamiento «se han sentado las bases de un órgano que busca ser un referente para una administración transparente y ética de la comunidad autónoma».
Primer año completo de funcionamiento
Los representantes de los grupos políticos han agradecido el trabajo que ha desarrollado el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en su primer año de funcionamiento completo.
La diputada socialista Ana Isabel Abengózar ha destacado «el trabajo riguroso, serio y comprometido» que ha hecho este órgano, y ha valorado «la visibilización que han conseguido dar al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en tan poco tiempo», que transmite «una forma de entender la transparencia como pilar democrático irrenunciable y como derecho de la ciudadanía que debe de ser promovido».
Por su parte, el diputado del PP Santiago Serrano ha hecho hincapié en la importancia de que haya órganos que hagan de contrapeso a gestión de gobierno, y en este sentido ha abogado por que el Consejo de la Transparencia y Buen Gobierno haga campañas de concienciación de la opinión pública y le ha pedido por que sea «especialmente diligente» con las listas de espera sanitarias, por la preocupación que suscitan en la ciudadanía.
Y el diputado de Vox Iván Sánchez ha expresado el rechazo de la formación a que se invierta en «recursos duplicados» que ya tienen un equivalente de ámbito nacional, como ocurre con el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha, ya que se detraen recursos que podrían dedicarse a servicios que se prestan en la comunidad autónoma.
El primer encuentro de presidentes de Transparencia, en CLM
Las Cortes de Castilla-La Mancha acogerán la próxima semana el primer encuentro de presidentes de consejos de Transparencia de toda España, en el que se estudiará la posibilidad de crear algún tipo de premio o de reconocimiento en estas materias.
El encuentro se desarrollará los próximos 20 y 21 de mayo (martes y miércoles), según ha adelantado el propio Fernando Muñoz, quien ha asegurado que el encuentro «va a suponer un hito» en la medida que va ser la primera ocasión en la que se van a reunir los presidentes todos los órganos garantes de la transparencia de España, que tiene entre sus objetivos institucionalizar este tipo de reuniones en el futuro.
Asimismo, ha avanzado que una de las cuestiones que se van a abordar será la posibilidad de institucionalizar algún tipo de premio o de reconocimiento en materia de transparencia y buen gobierno.
Por otra parte, ha explicado que el Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno ha planteado al Gobierno de Castilla-La Mancha que en las licitaciones públicas se pueda premiar a los sujetos privados que formalicen contratos con las administraciones públicas.
El planteamiento pasa por crear un apartado que tendría determinada puntuación, dentro de la parte objetiva de las licitaciones públicas, a las empresas que contraten con las administraciones públicas, que podrían obtener un certificado que tendría que hacer el propio Consejo Regional de Transparencia.
Para obtener el certificado, las empresas tendrían que darse de alta en el portal del Consejo Regional de Transparencia y Buen Gobierno y cumplir las obligaciones generales que establece la ley para garantizar la transparencia en la información pública.