El Gobierno de Castilla-La Mancha va a recurrir ante el Tribunal Constitucional el Real Decreto-Ley del Gobierno de España, aprobado «sin diálogo» y que establece el reparto de 500 menores migrantes no acompañados a la región pero sin financiación para atender con dignidad.
Una decisión aprobada en el Consejo de Gobierno en base a un informe del Consejo Consultivo que responde al requerimiento hecho por la Consejera de Bienestar Social para que este órgano se pronunciara sobre el Decreto-Ley.
Así lo ha confirmado la consejera portavoz del Ejecutivo castellanomanchego, Esther Padilla, quien ha sido contundente al explicar que desde el Gobierno de Page se comparte la solidaridad y «más cuando hablamos de niños y niñas», pero ha denunciado que al venir con una «aportación cero» pone «en grave riesgo la garantía del interés superior del menor».
En este sentido, Padilla ha insistido en que si el Gobierno central «hubiera puesto los recursos necesarios, no estaríamos en este punto de recurrir», por lo que ha pedido al Ministerio de Juventud e Infancia que rectifiquen y dote de recursos a las comunidades.
“Acoger es acoger con dignidad. Y la situación que plantea el decreto impide a las comunidades autónomas, al menos a Castilla-La Mancha, atender con la dignidad que ya lo estamos haciendo”, por lo que ha insistido en que este recurso es para «atender dignamente».
Al respecto, ha explicado que ya el pasado mes de febrero el Ejecutivo regional envió una propuesta al Ministerio para «aumentar la colaboración, el nivel de compromiso y la solidaridad», pero ha lamentado que no ha habido respuesta a este documento, ya que «la única respuesta que hay es la aprobación de un decreto de manera unilateral y sin financiación».
Actualmente, Padilla ha apuntado que Castilla-La Mancha atiende a 1.100 niños, de los cuales 550 están con familias de acogida y 560, en plazas del sistema de acogida, que está al 95,6% de ocupación. De esos 550 niños, 176 son menores migrantes no acompañados.
Padilla ha incidido en que el modelo de acogida de Castilla-La Mancha se basa en viviendas con personal y con capacidad de entre 8 y 10 años, que reciben una atención integral. Con la llegada de estos 500 menores migrantes no acompañados, supondría un aumento de gasto de 26 millones de euros para Bienestar Social, con los gastos de sanidad y educación aparte de dicha cifra.
El informe consultivo apunta una invasión de competencias
Por otro lado, la consejera portavoz ha explicado que el Consejo Consultivo ha señalado que el Real Decreto del Gobierno central supone un «flagrante quebranto» del principio de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas.
Además, apunta que hay una posible «invasión de competencias» exclusivas de las comunidades en materia de atención de menores en este decreto, puesto que ya están recogidas el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
«El informe señala que no existía la necesidad de establecer una norma excepcional como un decreto que dejara fuera la opinión de las comunidades autónomas y, por lo tanto, a la conferencia sectorial. Además, dice que no debía haberse hecho por un decreto ley, porque estamos hablando de derechos fundamentales y es ámbito de una ley orgánica», ha añadido Padilla.
A ello ha añadido que incide, además, en que el decreto «no busca la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en materia de asistencia y protección. Más bien, se busca sustituir el problema».
«Es un problema de España, de la Unión Europea y, con este decreto, lo que hacen es derivarlo a las comunidades autónomas, pero no se da una solución», ha agregado Padilla.
