El Gobierno de España ha aprobado hoy en Consejo de Ministros destinar a Castilla-La Mancha un montante global de 71,3 millones en tres partidas, desglosadas así: 47,6 millones para impulsar el nuevo sistema de Formación Profesional (FP), 20,5 millones para programas sociales y 3,2 para ampliar la cartera bucidental.
47,6 millones para impulsar el nuevo sistema la FP
El Gobierno ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, destinar 47.693.937 euros a Castilla-La Mancha para seguir impulsando el nuevo sistema de Formación Profesional.
La inversión total aprobada asciende a 923 millones de euros. En concreto, el Gobierno ha acordado dar luz verde a tres elementos importantes: dos repartos autonómicos y una convocatoria estatal, que permitirán la cualificación y recualificación de los trabajadores ocupados y desempleados, así como seguir desarrollando formaciones en línea con las necesidades de los sectores productivos.
Por un lado, se ha autorizado la concesión de 867.284.490 euros para acciones formativas de personas trabajadoras, de los que más de 696,5 millones se destinarán a oferta formativa para trabajadores desempleados y más de 145,9 serán para formaciones dirigidas a trabajadores ocupados. De esta partida, 45.694.895 euros corresponden a Castilla-La Mancha.
También se ha aprobado el reparto de 31.296.070 euros entre las comunidades autónomas, de ellos 1.999.042 euros para Castilla-La Mancha, para implementar proyectos en FP entre pymes y micropymes, para los campeonatos de ‘skills’, para la movilidad del alumnado y las personas en formación, para las estancias del profesorado y los formadores en empresas, centros de FP, y proyectos de innovación, y para formaciones y estancias formativas.
Además, se ha dado luz verde a una amplia convocatoria de carácter estatal para microformaciones de grados A (formaciones de corta duración), en línea con las demandas de los sectores productivos que participan en los distintos hubs y Pertes.
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20,5 millones para programas sociales
Por otro lado, el Ejecutivo ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, destinar 20.549.106 euros a Castilla-La Mancha para financiar programas de interés social, del importe recaudado en la asignación tributaria del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades entre los gobiernos de las comunidades y ciudades autónomas (a excepción de País Vasco y Navarra por sus regímenes especiales fiscales).
En total, se van a repartir más de 375 millones de euros (375.746.226 €), una cifra que supone un aumento de más de 40 millones de euros respecto a la cifra repartida el año pasado.
Para el reparto de los recursos se ha tenido en cuenta la aplicación de 13 criterios objetivos especificados en la metodología: la población dependiente, la población en riesgo de pobreza y exclusión social, la dispersión de la población, la tasa de envejecimiento o la tasa de discapacidad, entre otros.
Esta propuesta de distribución, planteada por el ministerio que dirige Pablo Bustinduy, deberá ser sometida próximamente al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. A partir de ese trámite, serán ya las comunidades autónomas las que gestionen sus propias convocatorias de subvenciones.
Las entidades que podrán beneficiarse de estas subvenciones serán las entidades y asociaciones del Tercer Sector que cumplan los requisitos que se establezcan en las correspondientes convocatorias autonómicas.
Y 3,2 millones para ampliar la cartera bucodental
Por último, el Gobierno ha autorizado, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar 3.266.626 euros a Castilla-La Mancha para ampliar la cartera bucodental del Sistema Nacional de Salud (SNS).
La distribución territorial total aprobada asciende a 68.058.000 euros para el impulso de la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental en el SNS durante el ejercicio presupuestario 2025. La medida se enmarca en los compromisos adquiridos por España en el Componente 18 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), orientado a reforzar la cohesión, equidad y universalidad del SNS.
Por primera vez, los mayores de 65 años
La principal novedad de este ejercicio es la incorporación progresiva del colectivo de personas mayores de 65 años como nuevo grupo destinatario de las prestaciones públicas de salud bucodental, comenzando por aquellas personas que están institucionalizadas.
Esta actuación da continuidad al Plan de acción de Atención Primaria y Comunitaria 2025–2027, que contempla expresamente el seguimiento de la implantación de la cartera de servicios en los colectivos inicialmente priorizados e incorpora como nuevo grupo destinatario a los mayores de 65 años.
Como consecuencia, se han introducido cambios en los criterios de reparto territorial de los fondos, que por primera vez incluyen a este grupo poblacional como variable específica. En concreto, el 10% del crédito presupuestario total se distribuye atendiendo al porcentaje de personas mayores de 65 años en cada comunidad autónoma y en el INGESA, en relación con el total nacional.
El 90% restante se asigna en función del número de personas incluidas en los colectivos ya priorizados desde la aprobación del Plan para la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental: población de 0 a 14 años (segmentada en tramos de 0-5, 6-12 y 13-14 años), mujeres embarazadas, personas diagnosticadas de procesos oncológicos del territorio cervicofacial y personas con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%.
El reparto territorial contempla una ejecución total de 67.692.644,38 euros entre las comunidades autónomas, y 365.355,62 euros asignados al INGESA para el desarrollo del plan en Ceuta y Melilla. Los fondos deberán estar comprometidos antes del 31 de diciembre de 2025y las medidas podrán ejecutarse hasta 2027.
El seguimiento del programa se realizará mediante indicadores de cobertura y actividad, y requerirá a las comunidades autónomas e INGESA la presentación de informes de planificación y ejecución antes del 30 de septiembre de 2025 y del 31 de marzo del año siguiente, respectivamente.