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01/09/2014junio 9th, 2017

El Partido Castellano (PCAS) ha instado hoy a la Comisión Europea a que investigue la modificación del Estatuto de Autonomía y de la ley electoral, que ha supuesto reducir de 49 a 33 los parlamentarios autonómicos, y pide que se determine si se han vulnerado derechos fundamentales de los ciudadanos de la región.

En un comunicado, esta formación política ha explicado que esta petición de investigación se ha realizado a través del eurodiputado Jordi Sebastià, representante de la coalición «Primavera Europea» en la que está integrada el PCAS.


Sebastià ha dado traslado al Parlamento Europeo y a otras instancias europeas de la reforma de la Ley Electoral en Castilla-La Mancha, que ha reducido el número de diputados autonómicos con el objetivo, según esta formación política, de » hacer imposible la entrada de nuevas opciones políticas en las Cortes» y ha reprochado que tanto la reforma del estatuto como de la ley electoral haya salido adelante con el único apoyo del PP.

Para el PCAS, estas modificaciones son «un auténtico pucherazo» y suponen «la instauración del bipartidismo obligatorio» en la región, pues ha opinado que la ley electoral aprobada «pone en grave riesgo la pluralidad de la cámara autonómica, limita la democracia e implica que hasta un 20 por ciento de los votantes puedan no ver nunca reflejado su voto en la más mínima presencia parlamentaria».

A su juicio, este extremo «puede suponer una discriminación y una vulneración del derecho de igualdad».

Además, ha informado de que el PCAS está elaborando una petición ante el Parlamento Europeo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 227 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, con la que pretende «llamar la atención sobre cualquier violación de los derechos de los ciudadanos europeos cometida por un Estado miembro, una autoridad local u otra institución», en este caso la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

En la pregunta trasladada a la Comisión Europea a través del Parlamento Europeo, el PCAS estima que entre 200.000 y 300.000 ciudadanos pueden quedar sin representación, que en algunas provincias puede ser necesario alcanzar hasta un 20 por ciento de voto para obtener un escaño y que esta es la tercera modificación de la Ley Electoral en pocos años llevada a cabo «sin ningún tipo de consenso».

También recuerda que el Gobierno de Castilla-la Mancha ha eliminado el Defensor del Pueblo y la Sindicatura de Cuentas.

Por su parte, preguntado por este asunto en rueda de prensa, el portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha recordado que el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, visitó hace unos meses la región y valoró «muy positivamente» las reformas impulsadas por María Dolores de Cospedal.

Así, Cañizares ha lamentado que haya quien «no quiera darse cuenta» de que las peticiones de los ciudadanos están encaminadas a la reducción en las instituciones públicas.

«Los ciudadanos piden no crear reinos de taifas en este país», ha subrayado Cañizares, quien ha defendido también, en este sentido, la reforma electoral propuesta por el PP para garantizar la elección directa de alcaldes. 

 

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