El Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha ha preparado 60 enmiendas al Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y de Simplificación para 2027, con el objetivo de reducir la presión fiscal que soportan los castellanomanchegos, aliviar la economía de las familias y mejorar el funcionamiento de la Administración regional.
De las 60 enmiendas, 40 contienen propuestas fiscales y otras 20 abordan reformas administrativas y sectoriales, con especial atención al canon del agua, la agricultura, los servicios públicos y el desarrollo del medio rural.
Deflactar el IRPF para que la inflación no se convierta en una subida encubierta de impuestos La principal propuesta fiscal del Partido Popular es la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF, una reivindicación que los populares vienen defendiendo desde el comienzo de la legislatura y que el Gobierno de Emiliano García-Page se ha negado sistemáticamente a aceptar, ha informado el PP en nota de prensa.
El objetivo es evitar que los incrementos salariales destinados a compensar la inflación provoquen que los contribuyentes paguen más impuestos sin haber mejorado realmente su capacidad económica.
«El Partido Popular lleva desde el comienzo de la legislatura reclamando que se deflacte el IRPF para proteger el poder adquisitivo de las familias. García-Page se ha negado una y otra vez, mientras la inflación encarecía la vida de los castellano-manchegos y aumentaba su esfuerzo fiscal», ha señalado el Grupo Popular.
Los populares consideran que el inicio de 2027 ofrece una nueva oportunidad para rectificar esta política fiscal.
«Si Page acepta nuestra propuesta y permite que entre en vigor el 1 de enero de 2027, los castellano-manchegos podrán comenzar el año pagando menos IRPF del que pagarían sin esta corrección. La inflación no puede ser una excusa para recaudar más a costa de las familias».
El paquete de enmiendas incorpora una batería de medidas fiscales dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a las familias, impulsar la actividad económica y favorecer el desarrollo de los municipios rurales.
En materia de vivienda, el PP propone una bajada sustancial tanto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales como del de Actos Jurídicos Documentados, estableciendo tipos reducidos para la adquisición de la primera vivienda habitual y mejorar los beneficios fiscales en las zonas afectadas por la despoblación.
Las propuestas prestan especial atención a los jóvenes menores de 40 años, con deducciones por alquiler, por los intereses de financiación de la primera vivienda y por el ahorro destinado a su adquisición o construcción.
Asimismo, contemplan mayores deducciones para familias numerosas y monoparentales, personas con discapacidad, acogimiento familiar y atención a personas mayores.
Conciliación y educación
En educación y conciliación, los ‘populares’ proponen ampliar los beneficios fiscales por compra de libros de texto, material escolar y tecnológico, enseñanza de idiomas, refuerzo educativo, gastos de estudio y escuelas infantiles, con incentivos adicionales para quienes residen en municipios afectados por la despoblación.
El paquete se completa con medidas de apoyo al emprendimiento y a la actividad económica, entre ellas una deducción de hasta 3.000 euros para facilitar el inicio del autoempleo joven en zonas de extrema despoblación, incentivos a la inversión empresarial y mejoras en la tributación de sucesiones y donaciones, especialmente para favorecer la continuidad de empresas y negocios familiares.
Otro de los ejes de las enmiendas es el canon medioambiental de la Directiva Marco del Agua.
El Partido Popular reitera su propuesta de derogación del canon, al tiempo que reclama que, mientras siga vigente, el Gobierno regional cumpla efectivamente con sus obligaciones respecto a los ayuntamientos.
Para ello, plantea que la Junta determine y reconozca, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la ley, las cantidades que corresponde transferir a los municipios por la recaudación acumulada del canon, y que proceda a su abono en los treinta días siguientes.
La iniciativa exige también transparencia sobre las cantidades recaudadas, las transferencias reconocidas y las fechas efectivas de pago.
«El Gobierno de Page cobra el canon del agua a los castellano-manchegos, pero los ayuntamientos siguen necesitando recursos para atender sus competencias. No puede seguir reteniendo el dinero que legalmente les corresponde. Exigimos transparencia, plazos concretos y pagos efectivos».
El PP recuerdan que la derogación del canon y la exigencia de transferencia de los fondos municipales son propuestas compatibles: el PP quiere eliminar este impuesto, pero mientras exista, exige que la Junta no demore los recursos que corresponden a los municipios.
Agricultura
En materia agrícola, el Partido Popular propone revisar el tratamiento de determinadas actividades agrarias y forestales durante los periodos de riesgo de incendios, de manera que las restricciones se apliquen con criterios objetivos y proporcionados.
La enmienda plantea que puedan autorizarse las actividades legalmente permitidas teniendo en cuenta factores como las precipitaciones recientes, la humedad del terreno, el viento, las características de los cultivos y el riesgo efectivo de incendio, sin disminuir las exigencias de seguridad.
También propone una evaluación anual de las medidas preventivas aplicadas durante las campañas de recolección, con participación de las organizaciones agrarias y cooperativas.
«Los agricultores necesitan seguridad, pero también reglas sensatas. No tiene sentido aplicar restricciones sin valorar adecuadamente las condiciones reales de cada territorio, de cada cultivo y de cada campaña».
Las enmiendas incluyen igualmente propuestas destinadas a mejorar las condiciones de vida y la prestación de servicios en el medio rural.
Entre ellas destaca la colaboración entre Administraciones públicas, entidades financieras y otros operadores para facilitar el acceso a cajeros automáticos, oficinas móviles, atención bancaria presencial y otros servicios financieros básicos en los municipios que carecen de ellos.
El Partido Popular propone también reducir los obstáculos burocráticos que retrasan actuaciones municipales necesarias para mantener infraestructuras, redes de agua, saneamiento y equipamientos públicos, mediante una mayor coordinación de los procedimientos de autorización.
«Defender el medio rural no consiste solamente en hacer anuncios.
Significa conseguir que los vecinos tengan acceso a servicios básicos, que los agricultores puedan desarrollar su actividad y que los ayuntamientos no pierdan meses esperando autorizaciones para ejecutar obras necesarias».
El resto de las enmiendas administrativas incluye medidas para simplificar autorizaciones en carreteras, vías pecuarias y patrimonio cultural, reforzar la estabilidad de los servicios sociales concertados, mejorar los procedimientos que afectan a clubes y federaciones deportivas y aumentar la transparencia y la calidad de la producción normativa.
También se propone mantener la exigencia de una cualificación científica específica para dirigir el Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha (IRIAF).