El PSOE de la provincia de Toledo ha reiterado este jueves al Gobierno provincial de PP y Vox que rectifique el nuevo modelo de gestión del Servicio de Comidas a Domicilio, al considerar que está trasladando a los ayuntamientos una carga administrativa y de gestión «que no pueden asumir», especialmente los municipios de menor tamaño, «poniendo en riesgo la continuidad de un servicio social esencial dirigido a personas mayores y en situación de especial vulnerabilidad».
Así lo ha trasladado la portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Tita García Élez, durante la atención a medios celebrada a las puertas de la institución provincial, en una convocatoria que ha contado con la presencia de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas socialistas de varios municipios y que ha servido para visibilizar el «malestar» existente en el ámbito municipal ante las consecuencias de este cambio de modelo, según ha informado el PSOE en nota de prensa.
«Contestaciones genéricas que no aclaran cómo debe prestarse el servicio»
Desde el Grupo Socialista han denunciado que «lejos de ofrecer respuestas personalizadas a los problemas concretos trasladados por los ayuntamientos», la Diputación está remitiendo «contestaciones genéricas que no aclaran cómo debe prestarse el servicio ni con qué medios», una situación que «está desbordando a numerosos consistorios sin capacidad técnica ni administrativa suficiente».
En este sentido, García Élez ha puesto en cuestión que la Diputación esté «empujando deliberadamente a que el servicio no funcione», pese a contar con financiación presupuestada, alertando de que, si no se presta, los recursos no llegarán a los municipios ni a las personas que más lo necesitan.
La portavoz socialista ha subrayado que, tras el contacto mantenido con más de 80 localidades, «el 61% de los municipios ha reconocido que no podrá prestar el servicio a partir del 1 de enero con las condiciones impuestas, especialmente en zonas rurales donde ni siquiera existen empresas capaces de asumirlo».
«Liderar la gestión del servicio como lo venía haciendo hasta ahora»
La portavoz socialista ha defendido que la Diputación «no puede desentenderse de su responsabilidad» y debe ejercer su papel como administración de apoyo a los municipios, liderando la gestión del servicio «como se venía haciendo hasta ahora» y garantizando un modelo viable que asegure la igualdad entre municipios y la calidad de la atención a las personas usuarias, muchas de ellas mayores y en situación de especial vulnerabilidad.
A la convocatoria también ha asistido el secretario general del PSOE de la provincia de Toledo y alcalde de Escalona, Álvaro Gutiérrez, quien ha recordado que el modelo impulsado por un gobierno socialista en la Diputación «funcionaba» y que actualmente estaba prestando servicio en 131 municipios de menos de 5.000 habitantes y a más de 700 personas. Un modelo que, según ha advertido, PP y Vox «se van a cargar» con una decisión que «va directa al fracaso».
Gutiérrez ha señalado que trasladar la gestión a los ayuntamientos supone «imponerles una burocracia inasumible», especialmente en una provincia donde más de un centenar de localidades tiene menos de 1.000 habitantes y más de 50 municipios cuentan con menos de 500 habitantes.
«La Diputación será la única responsable del fracaso del servicio»
También ha insistido en que existen medios, personal y capacidad suficiente en la Diputación para seguir gestionando el servicio de forma directa. Del mismo modo, ha mostrado su «sorpresa» por que el Gobierno provincial haya decidido «cargarse un modelo que funcionaba, a la vez que ha exigido a la presidenta de la Diputación y al diputado responsable del área, Daniel Arias, que rectifiquen porque «están haciendo daño a las personas vulnerables de la provincia de Toledo», enfatizando que a partir del 1 de enero la Diputación de Toledo será la única responsable» del fracaso del servicio.
El PSOE de la provincia de Toledo ha advertido de que este cambio de modelo no perjudica únicamente a los ayuntamientos, que se ven obligados a asumir una gestión para la que no disponen de medios ni capacidad administrativa, sino que tendrá consecuencias directas sobre las personas usuarias del Servicio de Comidas a Domicilio, especialmente personas mayores y en situación de vulnerabilidad, que «corren el riesgo de quedarse sin una prestación esencial a partir del 1 de enero».
