Magdalena Valerio, parlamentaria nacional del PSOE, ha pedido «la inmediata dimisión del subdelegado del Gobierno en Guadalajara por haber dado orden a la Guardia Civil de controlar el acceso e identificar a las personas que acuden a los centros de salud de Hiendelaencina y El Pobo de Dueñas, afectados ambos por el cierre del servicio de urgencias decidido por el Gobierno de Cospedal».
A juicio de la diputada socialista, “el subdelegado del Gobierno está utilizando indebidamente a la Guardia Civil para amedrentar a la ciudadanía, sobre todo a personas mayores que van al médico a recibir un derecho básico como es el cuidado de su salud”, en lo que ha calificado como una orden “desproporcionada y desmedida que roza la posible comisión de un delito de coacciones”.
Valerio ha basado sus apreciaciones en la abundante jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional que ordenan, respecto a la potestad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para identificar a personas, que se respete el principio de proporcionalidad, se excluya la arbitrariedad y se aplique la ley sin excesos para conseguir el buen fin que se pretende. En este sentido, ha subrayado que en Hiendelaencina y El Pobo de Dueños “se está restringiendo el acceso al centro médico, donde se presta un derecho esencial para la ciudadanía y lo normal es que a las personas les pida el médico la tarjeta sanitaria, pero no encontrarse un Guardia Civil en la puerta que les pide el DNI”.
Junto a Magdalena Valerio ha comparecido Francisco Lorenzo, alcalde de La Huerce y diputado provincial por la zona de la Sierra Norte de Guadalajara, quien ha relatado lo ocurrido en el centro de salud de Hiendelaencina: “Me impactó ver cinco coches de la Guardia Civil a las puertas del centro de salud, la gente estaba tranquila y no pretendía ocupar el centro médico, era gente mayor que iba a controles rutinarios de su salud, en concreto a controlar su tensión, y se produjo el caso de una señora que sufrió una precisamente una subida de tensión y tuvo que ser atendida”, ha contado Lorenzo, quien ha achacado estos hechos a “la ansiedad y tensión que se está generando en estas personas”.
Francisco Lorenzo ha ironizado sobre el gran despliegue de seguridad que se ha ordenado estos días en Hiendelaencina, convirtiéndolo en “el pueblo más seguro de la provincia”, para añadir que “ya gustaría que la Subdelegación del Gobierno fuera igual de diligente para mandar el mismo número de efectivos cuando hay incidentes en la zona que lo está siendo ahora para controlar a personas que en su mayoría son pensionistas”.
«PARA EL PP, LA VIDA DE LAS PERSONAS VALE MENOS QUE EN LOS PUEBLOS»
Magdalena Valerio se ha referido también a las declaraciones del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha y responsable orgánico de esta área en el PP, José Ignacio Echániz, en las que decía que “los médicos deben estar dando la asistencia médica que merecen los ciudadanos, pero en el sitio donde más vidas se pueden salvar”.
La parlamentaria socialista considera “incalificables” estas declaraciones, «porque significan que para el máximo responsable de velar por la sanidad en Castilla-La Mancha, la vida y la salud son dignas de ser protegidas allí donde residen muchas personas, pero quien viva en el medio rural, por él se puede ir muriendo si le pasa algo grave”.
También Francisco Lorenzo, como alcalde de un pequeño municipio del norte de Guadalajara, ha criticado esas declaraciones del consejero de Sanidad de Cospedal: “Pues nada, que a partir de Cogolludo ponga un cartel de cerrado y todos los demás nos moriremos de inanición”, ha dicho sobre las afirmaciones de Echániz.
“Qué lástima, tantos años luchando en este país por la igualdad de derechos y de oportunidades, por remover los obstáculos para que esa igualdad sea efectiva en la vida cotidiana, algo que no se ha conseguido al 100 por 100 entre el mundo rural y el urbano, y ahora Echániz y Cospedal tiran por la borda todo ese trabajo de la sociedad española”, ha apostillado Valerio.