La financiación autonómica tiene enfrentados a los gobiernos de España y Castilla-La Mancha. Mientras que el Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha pedido que no «noblen» los pactos del Ejecutivo, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha reprochado a Sabrido que «como socialista» defienda este modelo porque «defiende el principio de ordinalidad, que viene a decir que el que más capacidad económica tiene derecho a mejores servicios públicos».
Sabrido defiende el pacto con ERC
El delegado del Gobierno, a preguntas de los periodistas en el minuto de silencio por el aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, ha explicado que empatiza con que las comunidades quieran más dinero, pero ha reclamado que no puede «nublar» que el modelo se pactara con Oriol Junqueras.
«El Gobierno de Castilla-La Mancha hace muy bien cuando reivindica más para Castilla-La Mancha. Pero insisto en que no nos debe nublar con quién se pacta», ha indicado, para añadir que «el pacto es un instrumento y una herramienta democrática» y siempre con quien se pacta «son partidos democráticos, partidos que tienen representación, elegidos por españoles».
Sobre el polémico principio de ordinalidad, ha subrayado que este «puede hacer que, en el reparto global de la financiación, cada vez estemos todos más cerca».
Ruiz Molina asegura que va en contra de los estatutos del PSOE
Por su parte, el consejero Ruiz Molina en rueda de prensa ha criticado que Sabrio defienda ese pacto «como socialista», puesto que, según ha recordado, «en el último Congreso del PSOE en Sevilla se acordó que la financiación tenía que ser negociada de forma multilateral».
«Haber pactado con una comunidad autónoma va en contra de los estatutos del PSOE», ha remarcado.
Además, ha expresado que «en su condición de socialista, me extraña o me choca» que Sabrido esté «de acuerdo en respetar un principio de ordinalidad, que viene a decir que el que más capacidad económica tiene derecho a mejores servicios públicos».
Por último, ha pedido al delegado que le diga «de dónde salen los 1.248 millones» que vendrían más a Castilla-La Mancha, dado que Ruiz Molina ha criticado la «falta de transparencia» del Gobierno de España y ha reclamado que haga públicos los cálculos que realizó con ERC para pactar el modelo.
