Izquierda Unida de Castilla-La Mancha tiene previsto presentar una batería de mociones en los ayuntamientos de municipios por los que discurre el río Tajo dentro de la región para instar a las corporaciones municipales a elevar peticiones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a fin de que se acate la sentencia del Tribunal Supremo.
Tras la sentencia del Supremo
En una nota de prensa, IU Castilla-La Mancha ha informado de esta iniciativa después de que el Tribunal Supremo haya dictado una sentencia en la que desestima la prórroga de caudales ecológicos en el Plan Hidrológico del Tajo y obliga a la fijación inmediata de dichos caudales mínimos en las zonas protegidas.
Según la coalición de izquierdas, esta sentencia «supone un golpe directo en la línea de flotación del trasvase, al limitar significativamente la cantidad de agua que este puede trasladar al Levante».
«Herramienta de presión fundamental»
A juicio de IU Castilla-La Mancha, este fallo del Tribunal Supremo es «una herramienta de presión fundamental» y fundamenta la reclamación histórica de la formación para la eliminación del trasvase, o, al menos, de la forma en que este se ha configurado.
Por ese motivo, la formación ha avanzado que presentará en los ayuntamientos del cauce del río mociones para instar al Ministerio para la Transición Ecológica a acatar de inmediato la sentencia del Tribunal Supremo y también exigirá la elaboración de un Plan Hidrológico del Tajo que recoja la eliminación del trasvase antes de 2030.
«Una infraestructura ambientalmente inviable»
Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha insistido en que el trasvase Tajo-Segura es «una infraestructura ambientalmente inviable, que ha favorecido durante décadas un modelo de regadío intensivo insostenible en zonas en proceso de desertificación».
También ha denunciado que buena parte del agua trasvasada no se destina a consumo humano, sino al riego agrícola e incluso a usos recreativos como campos de golf.
Por todo ello, la IU Castilla-La Mancha ha considerado que el trasvase vulnera principios básicos de sostenibilidad y de la normativa europea y ha reclamado su final progresivo, priorizando el abastecimiento humano y el respeto a los caudales ecológicos.