Izquierda Unida Castilla-La Mancha ha llevado ante el Tribunal de Cuentas a la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Castilla-La Mancha por un presunto desvío de fondos públicos superior a los 100.000 euros a una empresa privada en Alcocer (Guadalajara).
En una nota de prensa de este viernes, el partido ha denunciado que en 2022 la Consejería concedió una subvención de 79.016 euros para la rehabilitación de la residencia municipal. Sin embargo, estas obras, que fueron adjudicadas a la empresa Residencia El Palazuelo S.L., tenían que haberlas asumido por contrato los propietarios de la empresa arrendataria del inmueble desde 2012.
Para Izquierda Unida, esto supone que fondos públicos se utilizaron para asumir costes privados, «vulnerando el principio de finalidad de estas ayudas» y evidenciando «un posible uso fraudulento de ayudas europeas Next Generation».
La tramitación es correcta y debidamente justificada, dice la Junta
«Se trata de un expediente que, en lo que respecta a la Consejería de Bienestar Social, está correctamente tramitado, completo y cerrado, con toda la documentación debidamente justificada y conforme a los criterios y validaciones del Ministerio», han explicado a ENCLM fuentes oficiales de este departamento.
!Toda la parte procedimental se ha desarrollado con arreglo a la normativa vigente, por lo que el expediente cuenta con los informes favorables y la aprobación correspondiente», añaden.
Finalmente, estas fuentes, ha afirmado que «en relación con la gestión contractual del Ayuntamiento con la entidad adjudicataria de la residencia, es una cuestión que compete exclusivamente al ámbito municipal, por lo que debe ser el propio Ayuntamiento quien facilite esa información y dé las explicaciones oportunas».
IU habla de «entramado de favores políticos”
Por su parte, el partido de izquierdas ha asegurado que, tras estos hechos, el alcalde de Alcocer en el momento de la adjudicación, Borja Castro, «fue nombrado personal de confianza en dicha Consejería», lo que, a su juicio, «apunta a un posible entramado de favores políticos”.
Asimismo, ha criticado que las «irregularidades» fueron advertidas en el Pleno municipal sin que se adoptaran medidas, lo que evidenciaría «una falta de control institucional en el proceso».
Ante estos hechos, IU ha solicitado al Tribunal de Cuentas la apertura de un procedimiento de reintegro para que los responsables devuelvan las cantidades presuntamente mal utilizadas y ha reclamado que se investigue también el papel de la Consejería, cuya titular es la guadalajareña Bárbara García Torijano.
La organización ha anunciado que continuará impulsando acciones políticas y judiciales para esclarecer lo ocurrido y garantizar la correcta gestión de los fondos públicos en Castilla-La Mancha
