La comisión no permanente de estudio de las Cortes de Castilla-La Mancha que analizará los aspectos que hay que reformar de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de 2003 comenzará a funcionar, previsiblemente, a mediados del mes de febrero, según han informado a Efe fuentes parlamentarias.
El objetivo es adaptar la normativa a la nueva realidad política y lograr consenso respecto a los privilegios de los expresidentes; las incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos, y el futuro del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Esta comisión, cuya creación a propuesta del PSOE fue aprobada por unanimidad de los tres grupos parlamentarios, estará conformada por cinco miembros -dos del PSOE, otros dos del PP y uno de Podemos- y contará con un presidente, un vicepresidente y un secretario.
Su funcionamiento es similar al de cualquier comisión, si bien no será necesario que el orden del día sea aprobado por la Mesa de las Cortes sino que será determinado en el seno de este órgano.
No es la primera vez que las Cortes de Castilla-La Mancha acogen una comisión de este tipo, también se creó una similar en 2006 para la reforma del Estatuto de Autonomía, en la que se consultó a expertos, entre ellos, profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM).
En esta ocasión, también está previsto que los grupos parlamentarios propongan la intervención de expertos en la materia y lo previsible es que se fije un calendario de comparecencias una vez que se constituya la comisión.
No obstante, el marco reglamentario permite actuar con libertad e incluir nuevas intervenciones en el transcurso de funcionamiento de la comisión para que sea realmente efectiva.
Uno de los temas más polémicos desde el comienzo de la legislatura que se estudiará será la supresión de los privilegios de los expresidentes, prerrogativas que actualmente no disfruta ninguno de los exmandatarios regionales.
Por este motivo, es previsible que los tres grupos parlamentarios puedan alcanzar un acuerdo sobre este asunto, que también incluye el debate sobre si debe costearse la seguridad de los expresidentes autonómicos.
Otro de los aspectos a reformar es el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y altos cargos de la comunidad autónoma, teniendo en cuenta que Castilla-La Mancha cuenta con uno de los sistemas más rígidos en esta materia.
Y también se analizará la propia existencia del Consejo Consultivo, aspecto que también se ha tratado en los últimos meses en otras comunidades autónomas como Madrid y Extremadura.
En el caso de Extremadura, donde el PSOE también gobierna con el apoyo de Podemos, el Consejo Consultivo fue suprimido el 1 de enero de 2016 y sustituido por una Comisión Jurídica, un órgano profesional sin composición política.
La supresión de este órgano fue aprobada el pasado 17 de diciembre en el pleno de la Asamblea por el PSOE y Podemos, con el voto en contra del PP y la abstención de Ciudadanos, con el fin de ahorrar unos 600.000 euros a las arcas autonómicas.
En la Comunidad de Madrid, el Pleno de la Asamblea de Madrid aprobó el 23 de diciembre la ley de supresión del Consejo Consultivo con los votos a favor del PP y Ciudadanos, la abstención de Podemos y la oposición del PSOE-M.
Las funciones serán desarrolladas por los servicios jurídicos de la Comunidad a través de la creación de la Comisión Asesora Jurídica, que estará integrada por letrados de la Comunidad de Madrid elegidos por un sistema de concurso.
En Castilla-La Mancha, actualmente, tres miembros del Consejo Consultivo son designados por las Cortes por mayoría de tres quintos y dos por el Consejo de Gobierno, mientras que son miembros natos los expresidentes de la Junta, de las Cortes y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Una vez constituida la comisión de estudio, cuenta con seis meses para elaborar un dictamen con los aspectos a reformar de la ley del Gobierno y del Consejo Consultivo, del que surgirá una proposición de ley que tendrá que ser aprobada por el pleno de la Cortes regionales.