La Consejería de Fomento y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha han firmado hoy un convenio marco de colaboración por el que los trabajadores sociales de los más de 900 ayuntamientos de la región podrán recibir formación orientada a evitar desahucios.
Este convenio marco, que se desarrollará posteriormente mediante acuerdos concretos y del que también se beneficiarán los trabajadores sociales de las seis Oficinas Antidesahucio de la Junta, ha sido rubricado por la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, y la presidenta regional de la FEMP, Mayte Fernández.
La consejera ha explicado que este nuevo convenio se suma a los cursos de formación que a través del Programa de Intermediación Hipotecaria se han estado impartiendo en colaboración con los distintos Colegios de Abogados y de Trabajadores Sociales de Castilla-La Mancha y que han permitido la especialización de numerosos profesionales en la materia.
En este punto, la consejera ha hecho hincapié en el crecimiento que está experimentado este programa, por el que más de 1.200 personas han obtenido un principio de solución a sus problemas para pagar el préstamo hipotecario y se han paralizado 38 desahucios «in extremis».
La consejera ha resaltado el «orgullo» que supone para la Junta incorporar a la FEMP a este programa, al que ya se habían adherido 279 ayuntamientos y que está «abierto a cualquier propuesta que los municipios quieran proponer», en función de sus necesidades.
Para la consejera, lo importante de este convenio es «luchar unidos para defender a las familias que están en riesgo de perder su vivienda», por lo que el Ejecutivo autonómico se muestra dispuesto a atender «todas las iniciativas que sumen».
Por su parte, la presidenta regional de la FEMP y alcaldesa de Puertollano ha significado la «gran sensibilidad» que, con este convenio, muestra el Gobierno regional hacia los ayuntamientos, en una materia en la que «los alcaldes y alcaldesas estamos siempre en primera línea de fuego».
En este contexto, Fernández ha agradecido al Gobierno de García-Page la creación de estas Oficinas de Intermediación Hipotecaria, que ha definido como «una salida muy digna para las familias que lo están pasando mal».
Y al mismo tiempo ha subrayado que «suponen un cambio sustancial» en las políticas de protección de la vivienda y un alivio para los ayuntamientos que antes tenían que afrontar muchos de estos casos con recursos propios.
Por último, la responsable de la FEMP se ha felicitado por los buenos resultados que están dando las Oficinas Antidesahucios, «que funcionan, dan un buen servicio y resuelven problemas reales», tras una crisis que, según ha significado, «aún no ha acabado, está dando coletazos y quebraderos de cabeza a muchas familias», ha concluido.