El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a un proyecto de decreto de medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún tipo de protección pública en Castilla-La Mancha.
La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, ha comparecido hoy en rueda de prensa, junto al portavoz del Ejecutivo regional, Nacho Hernando, para dar cuenta de los asuntos aprobados en la reunión semanal del gabinete.
De la Cruz ha explicado que en Castilla-La Mancha hay más de 2.000 viviendas que tienen algún tipo de protección pública que llevan «en stock prolongado durante bastante tiempo, sin que nadie las compre».
[ze_summary text=»Hay más de 2.000 viviendas que tienen algún tipo de protección pública y llevan en stock prolongado bastante tiempo»]Hay más de 2.000 viviendas que tienen algún tipo de protección pública y llevan en stock prolongado bastante tiempo[/ze_summary]«Son muchas viviendas vacías en la región que no están a disposición de los ciudadanos», ha dicho la consejera, quien ha recordado que el Gobierno de España ha aprobado algunas medidas temporales para flexibilizar el acceso a la vivienda y «el Gobierno regional no queríamos ser menos», ha asegurado De la Cruz.
De ahí que se vayan a aprobar medidas que permitan que los colectivos preferentes en cualquier tipo de adjudicación de vivienda pública puedan acceder a estas casas de manera «mucho más sencilla».
Entre otros colectivos prioritarios la consejera ha mencionado las víctimas de violencia de género, las víctimas de terrorismo, las familias monoparentales con hijos a su cargo, personas con discapacidad, mayores de 65 años y, en general, ha dicho, los colectivos con más dificultades de acceso a vivienda.
Así, se van a bajar los ingresos máximos para que esos colectivos puedan acceder a esas viviendas y así «movilizar el stock» de 2.000 pisos vacíos en la región.
Además, el decreto incluirá medidas de carácter social que suponen cambiar de modo «radical» la gestión de la vivienda pública en Castilla-La Mancha, ha indicado la consejera.
Como ejemplos, ha señalado que se incorpora la posibilidad de que entidades sin ánimo de lucro colaboren con la Administración regional mediante la asunción temporal de la gestión directa de viviendas de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El principal beneficio es que puedan ser destinadas en alquiler protegido a personas o familias en situación de especial necesidad de vivienda por razones de salud, discapacidad o exclusión social.
También se establece que la familia de una persona discapacitada pueda aportar la vivienda protegida al patrimonio del hijo con discapacidad.
Se incluyen medidas que favorecen el derecho a compra de viviendas de promoción pública a colectivos con menores ingresos y que habitan en estas viviendas en régimen de alquiler.
Y asimismo la posibilidad de un alquiler social de casas inicialmente destinadas a venta, para aquellas familias con dificultades económicas.
Según ha explicado la consejera, el decreto se aprobará con carácter definitivo entre abril y mayo.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha informado de la convocatoria para 2017 del programa de Termalismo, del que se podrán beneficiar 3.500 mayores de 65 años, y que tiene un presupuesto total de 380.000 euros, lo que representa un 17 por 100 más respecto a 2016, con un precio final para cada usuario de 115 euros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado también las bases reguladoras de las dos convocatorias de ayudas correspondientes a 2016, dirigidas a financiar el mantenimiento de las escuelas infantiles y centros de educación infantil, dependientes de entidades locales y entidades sin ánimo de lucro de la región.
Asimismo, se ha autorizado destinar 115.000 euros a subvencionar el 50 por 100 de las cuotas de la Seguridad Social a las personas que quieran capitalizar su prestación por desempleo para iniciar una nueva actividad profesional o el 100 por cien si se integran en cualquier forma de economía social.