Los pacientes de Castilla-La Mancha esperarán, como máximo, 30 días para tener una prueba diagnóstica, 60 días para la consulta de un especialista y 180 días para una operación quirúrgica no urgente. En el caso de que se superen esos plazos, los pacientes tendrán derecho a reclamar y el Sescam estará obligado a dar una alternativa en otro centro, bien sea en el sistema público, como en el concertado, además se costearán los gastos de desplazamiento tanto del paciente como del acompañante.
Así lo ha explicado el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, quien ha indicado que hoy el Consejo de Gobierno ha tomado en conocimiento el anteproyecto de ley de garantías de tiempos máximos de respuesta en la atención sanitaria especializada, una ley que ha elaborado la Consejería de Sanidad para la atención en el Sescam.
No se podrá aprobar hasta la siguiente legislatura
Con este anteproyecto de Ley se pretende dotar a los ciudadanos castellanomanchegos de un marco normativo propio, estable y eficiente que les permita ejercer en condiciones de seguridad el derecho a la garantía de los tiempos máximos de respuesta y el derecho a la libre elección de profesional sanitario, según ha destacado el consejero de Sanidad.
De momento, la ley todavía tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno y no se podrá enviar a las Cortes hasta la siguiente legislatura, puesto que ya se ha celebrado el último pleno en el Parlamento en la actual legislatura.
El objetivo es establecer los tiempos máximos de espera en la atención sanitaria especializada en el ámbito del Sescam, Además, crea un registro de pacientes en lista de espera y la regulación del sistema de información sanitaria.
8.000 personas se podrían haber beneficiado con la ley el año pasado
Según los plazos que ha dado el consejero de Sanidad, la ley podría estar aprobada a finales de año, siempre y cuando el actual ejecutivo repita mandato.
Preguntado sobre cuántas personas podrían haberse visto beneficiadas por esta norma, según las estimaciones que ha hecho públicas Fernández Sanz, se podría haber acogido a la ley unas 12.000-14.000 personas al año, aunque si tenemos en cuenta los datos de 2022, unas de 8.000 personas podrían haber solicitado que se les atendiese en otro centro sanitario. De esas 8.000, el 60% sería para intervenciones quirúrgicas, tal y como ha indicado el consejero de Sanidad.
Derecho a recibir compensación económica
En este sentido, contempla el reconocimiento del derecho de los pacientes y familiares a recibir una compensación económica por los gastos de desplazamiento, manutención y alojamiento que genere su aplicación.
Los beneficiarios de las garantías establecidas en esta normativa, según recoge el Anteproyecto, serán aquellas personas que posean la tarjeta sanitaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y figuren inscritas en el registro de pacientes en lista de espera.
Los tiempos máximos de respuestas garantizados serán de aplicación a procedimientos quirúrgicos, primeras consultas de asistencia especializada y pruebas diagnósticas especializadas.
De 30 a 150 días de espera intervención quirúrgica
Los tiempos máximos de espera que se fijan son, el caso de las intervenciones quirúrgicas, 180 días a partir de la fecha de entrada en el registro de pacientes en lista de espera. En los procesos quirúrgicos oncológicos, la patología valvular y coronaria y el desprendimiento de retina, el plazo máximo de acceso de garantía será de 30 días.
Por su parte, en las primeras consultas externas de atención especializada el plazo garantizado será de 60 días y en el caso de primeras pruebas diagnósticas y terapéuticas, 30 días.
Siete días para tumores, desprendimientos de retina…
En el supuesto de tumores malignos y desprendimientos de retina, el plazo de garantía tanto para primera consulta como para prueba diagnóstica se reduce a siete días.
El sistema de garantías establecido en esta normativa contempla que el Sescam deberá prestar asistencia sanitaria dentro de esos plazos máximos garantizados ya sea en centros propios o vinculados. En el caso de que el paciente rechace ser atendido en el centro ofrecido, no será exigible la garantía de los plazos máximos.
Si se superan los plazos establecidos sin que el paciente haya sido atendido, podrá requerir asistencia en otro centro, propio o vinculado/concertado dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con cargo al sistema sanitario público regional.
Un registro de pacientes publicado mes a mes
En el anteproyecto se recoge también que el Sescam facilitará información mensual, a través de su página web, sobre el número de pacientes que figuran en las listas de espera de atención especializada programada y no urgente. Además, contempla que la Consejería de Sanidad elaborará un informe anual de listas de espera que será presentado a las Cortes regionales en el primer trimestre de cada año.
Por otra parte, se crea el Registro de Pacientes en Lista de Espera, adscrito al Sescam, para el control y gestión de la demanda de atención sanitaria especializada programada y no urgente. Será un registro único, si bien la gestión de las altas y bajas se realizará de manera descentralizada por cada una de las gerencias periféricas.
Finalmente, el Anteproyecto recoge que se autoriza al Consejo de Gobierno a reducir mediante Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería de Sanidad, los tiempos máximos de acceso con el fin de adecuarlos a la realidad sanitaria de cada momento, las necesidades de los usuarios y la evolución de los indicadores socioeconómicos.
Ampliaremos esta información.