Castilla-La Mancha dará un paso decisivo hacia una administración más moderna y eficiente con la implantación de ‘eDatos’, una plataforma tecnológica desarrollada por el Gobierno de Canarias que permitirá optimizar la gestión, el análisis y la difusión de la información estadística en la región.
Así lo ha avanzado en rueda de prensa la portavoz del Ejecutivo regional, Esther Padilla, quien ha explicado que el Gobierno autonómico firmará la próxima semana un convenio con el Ejecutivo canario que permitirá esta cesión tecnológica.
Se trata de una colaboración que, en sus palabras, refuerza el Estado autonómico y pone de manifiesto el valor de compartir conocimiento entre regiones en beneficio del servicio público. De hecho, tal y como ha recordado Padilla, no es la primera colaboración entre ambas regiones, pues, recientemente, Castilla-La Mancha cedió a Canarias un programa de gestión económica “y ahora será Canarias quien comparta su conocimiento y experiencia en el ámbito estadístico”.
Este nuevo sistema se ajustará a los indicadores específicos del territorio, tendrá en cuenta la realidad de las zonas rurales y responderá tanto a las exigencias de análisis que demanda del Gobierno regional como a las necesidades de la sociedad civil y el tejido productivo.
El convenio, que no implica contraprestación económica, se basa en el principio de beneficio mutuo, ha apuntado Padilla, si bien ha aclarado que Castilla-La Mancha destinará una inversión anual de 250.000 euros en la implementación del sistema y en la mejora de la explotación de los datos estadísticos.
De este modo, Canarias cede de forma gratuita el código fuente, la documentación y el soporte funcional de ‘eDatos’ a Castilla-La Mancha, que podrá introducir adaptaciones funcionales y, si se le solicita, compartir el código de dichas modificaciones, ha apuntado la portavoz. Además, se compromete a informar sobre los cambios realizados y a mencionar el convenio en todas sus comunicaciones sobre el sistema.
Según ha continuado la consejera, ‘eDatos’ representa un gran salto adelante en el uso de los datos para mejorar las políticas públicas. Permitirá integrar información a nivel regional, provincial y local, organizarla, tratarla, visualizarla y compartirla con un alto nivel de rigor y accesibilidad. Incluirá funcionalidades avanzadas como la geo-representación de datos, la consulta por distintos niveles territoriales, la suscripción a operaciones estadísticas o el acceso mediante APIs.
Sobre todo, esta herramienta permitirá generar indicadores homogéneos y de calidad, de manera que se facilite la evaluación rigurosa de las políticas públicas. Gracias a ello, la Junta podrá comprobar si las medidas adoptadas cumplen sus objetivos, hacer públicos los resultados y compararlos con las previsiones iniciales.
La portavoz ha puesto un ejemplo claro del potencial de este enfoque: hace unos años, el Gobierno regional utilizó los datos del bono social térmico para determinar de forma automatizada qué familias tenían derecho al bono de conectividad, lo que permitió gestionar todo el proceso de forma automática, ágil y justa. “Este tipo de actuaciones evidencian cómo los datos pueden ser la base para diseñar políticas más eficaces”, ha sentenciado.
Modificación de la Ley del Servicio Farmacéutico
La portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, ha anunciado este miércoles que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de Ley que modificará la actual Ley de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha. “El objetivo principal es mejorar el servicio farmacéutico de la región como una pieza clave también en el sistema público de salud y, por tanto, de atención a la ciudadanía”, ha destacado Padilla, tras recordar que el texto será remitido a las Cortes regionales para su aprobación definitiva.
Novedades del anteproyecto
El anteproyecto consta de un artículo único estructurado en 32 apartados, tres disposiciones adicionales, dos transitorias y seis finales. El texto adapta la legislación autonómica a los cambios normativos estatales más recientes, como los relativos a los medicamentos veterinarios y a las unidades de radiofarmacia, hasta ahora no contemplados en la normativa regional.
La portavoz ha mencionado que, entre las novedades que introduce la norma, se encuentra la recuperación de la figura del farmacéutico regente, que podrá ser designado por la Administración en casos de caducidad de la autorización de funcionamiento o pérdida del derecho de transmisión, “una medida especialmente importante para asegurar la continuidad del servicio en zonas donde solo existe una oficina de farmacia”.
También ha expresado que se regula la posibilidad de autorizar botiquines provisionales cuando el titular se enfrente a una enfermedad de larga duración y no sea posible nombrar un sustituto. Del mismo modo, en situaciones de catástrofe natural, se permitirá la apertura temporal de un botiquín mientras la farmacia afectada no pueda reunir los requisitos necesarios para su traslado o reapertura, e incluso se podrá autorizar de oficio un botiquín provisional en localidades con una única oficina de farmacia si no existe un local adecuado disponible.
La portavoz ha incidido en que el texto incluye, además, medidas específicas para favorecer la implantación de oficinas de farmacia en el medio rural. En núcleos de población con menos de 1.500 habitantes se elimina el requisito de distancia mínima entre farmacias y centros sanitarios, facilitando así su apertura.
Otra de las novedades destacadas es la flexibilización en la planificación de nuevas farmacias, de manera que se permite reducir la distancia mínima de 250 metros en núcleos con alta densidad o donde no existan locales disponibles.
El anteproyecto contempla también la ampliación de las actuaciones sanitarias que pueden llevar a cabo la Consejería de Sanidad y el SESCAM, de manera que integre todo tipo de programas que incluyan la participación de las oficinas de farmacia. Igualmente, se actualizan las funciones profesionales del personal farmacéutico y se permite el desarrollo de nuevas actividades acordes con su titulación, según ha revelado la portavoz.
Padilla ha expresado que se incluye la posibilidad de ejercer con jubilación activa o parcial conforme a la legislación estatal y se reconoce como ausencia justificada en la oficina de farmacia el ejercicio como profesor asociado universitario.
En definitiva, la portavoz ha puesto el foco en que esta propuesta normativa responde al compromiso de situar la farmacia en un lugar prioritario dentro de la salud pública “para que redunde en una atención mejor y más completa a la ciudadanía”.