Amnistía Internacional ha reclamado a 11 ayuntamientos de Castilla-La Mancha, entre ellos los de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo y Talavera, que establezcan protocolos para que las armas táser que utilizan sus agentes de Policía Local cumplan los estándares internacionales de derechos humanos.
En una nota de prensa de este martes, la organización de derechos humanos ha trasladado la necesidad de que las autoridades competentes garanticen el uso responsable de las armas de electrochoque, limitando su empleo a situaciones de riesgo real para la vida o integridad física y solo como último recurso.
Para ello, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha se ha dirigido por carta a los ayuntamientos de Albacete, Ciudad Real, Guadalajara, Toledo, Talavera de la Reina, Alcázar de San Juan, Pantoja, Alameda de la Sagra, Yuncler de la Sagra, Fuensalida y Seseña; y les han instado a elaborar protocolos públicos que cumplan los estándares internacionales de derechos humanos, a formar adecuadamente a los agentes que las utilicen y a establecer mecanismos de rendición de cuentas efectivos, internos y externos.
Amnistía quiere prohibir el uso en modo contacto directo
Asimismo, ha exigido prohibir su uso en modo de contacto directo, «que solo provoca dolor y puede alcanzar el umbral de la tortura y los malos tratos«, y que se tomen en consideración los efectos particularmente nocivos de su aplicación sobre colectivos vulnerables como menores, personas con cuadros de crisis mental y personas bajo los efectos de las drogas o el alcohol, ha argumentado.
La organización ha insistido en limitar el empleo de dichas armas a un umbral de uso muy similar al de las armas de fuego, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos: grave riesgo para la vida o integridad física, en caso de no haber otra alternativa menos dañina y que, al ser usadas, lo sean de forma proporcional al riesgo real.
Así pues, previamente a la incorporación de armas táser, los cuerpos policiales deben evaluar qué necesidades operativas concretas justifican su adquisición, a causa del riesgo que conllevan de provocar lesiones graves o, en algunos casos, la muerte, y a la posibilidad de abuso en su utilización.
El caso de Fuensalida y Seseña (Toledo)
Amnistía Internacional en Castilla-La Mancha ha analizado el protocolo de la Policía Local de Fuensalida (Toledo), y ha criticado que este justifica el uso de estas armas en personas con problemas de salud mental, así como personas bajo los efectos del alcohol o de sustancias estupefacientes.
En estos casos, la organización defiende que actuación policial debería ir precedida o acompañada de una actuación por parte de sanitarios o equipo médico especializado y formado para abordar estas situaciones.
De su lado, el protocolo de Seseña (Toledo) aprueba su utilización si una persona manifiesta intención de ofrecer resistencia a la detención.
Amnistía ha recordado que los estándares internacionales no permiten el uso de estas armas contra personas que se resisten a la detención, salvo que lo hicieran con una violencia que alcance el umbral de amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
Amnistía Internacional ha recordado el caso de Haitam Mejri, de 35 años, quien falleció el pasado diciembre tras recibir al menos once descargas de arma Taser, junto con golpes, presión sobre el cuello y el tórax, además de ser rociado con espray irritante por agentes del Cuerpo Nacional de Policía de Torremolinos (Málaga).
