«CC.OO. muestra su indignación, su radical rechazo y su repugnancia ética ante la iniciativa del Gobierno de Cospedal de liderar también la violación de la Declaración Universal de Derechos Humanos». La respuesta del sindicato tras conocer los precios que se van a aplicar en los hospitales de la región «para terceros obligados (aseguradoras) al pago o a los usuarios sin derecho a asistencia sanitaria» es dura.
En un comunicado, CC.OO. recalca que el Gobierno de Castilla-La Mancha «anula de facto el derecho a la salud de los colectivos más vulnerables, de las personas que no tienen recursos. Mediante precios desorbitados y obviamente prohibitivos, Cospedal convierte en incurables todas las enfermedades que puedan contraer, lo que ante determinadas enfermedades o lesiones puede conllevar de forma inexorable una condena capital para la persona que las padece; y, en el caso de enfermedades contagiosas, un grave riesgo para la salud pública, para el conjunto de la población».
De ahí que insistan en que la nueva resolución dictada por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) «repugna al sentido ético del género humano».
«Consideramos un despropósito que un Estado Social y de Derecho cobre la Sanidad a cualquier persona, independientemente de su situación, pero además los precios que ha establecido Cospedal constituyen directamente un atentado a la salud de miles de personas; e incluso a la vida de muchas de ellas».
CC.OO. hace un resumen de su indignación en cuatro puntos:
Primero, «es inaceptable ética y políticamente, y contrario a derecho la efectividad retroactiva de las tarias a las asistencias sanitarias realizadas desde el 1 de enero de 2012; la voracidad recaudatoria, la rapiña Cospedal, no tiene límites».
Segundo, «en el ámbito de extranjeros en situación irregular las medidas no pueden afectar a mujeres embarazadas, niños ni víctimas de accidentes cualquiera que sea su causa».
Tercero, «también deben quedar fuera de los colectivos obligados al pago las mujeres víctimas de violencia machista o las víctimas de tráfico de personas o trata».
Y cuarto, «habrá que definir qué son los convenios o conciertos específicos y su aplicabilidad a los extranjeros irregulares, con la contradicción de que una administración pública española pueda firmar un contrato de asistencia sanitaria con una persona que no se halla legalmente en territorio español».
De ahí que CC.OO. haya pedido que se reconsidere y anule la citada resolución.