Jesús García-Villaraco, Marta Cuadra y José Luis Gil, durante la rueda de prensa.
El secretario general de CCOO CLM, José Luis Gil, ha asegurado que el principal motivo de presentar un recurso contencioso-administrativo contra el pliego de condiciones del futuro hospital de Toledo es «evitar que sea privado» y que se respeten los derechos de los ciudadanos y los trabajadores del área.
«Cuando se mezcla negocio con atención sanitaria siempre pierde está y el recurso es porque queremos que el hospital sea público y que se respeten los derechos de los ciudadanos y de los trabajadores del área sanitaria de Toledo», ha expuesto Gil en rueda de prensa.
Gil, que ha estado acompañado por Chelo Cuadra, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO CLM, y Jesús García-Villaraco, secretario general de CCOO Toledo, ha lamentado que Castilla-La Mancha sea la «campeona de todo lo negativo en lo que tiene que ver con la sanidad pública».
Y ha apoyado esta afirmación en la caída de recursos para la sanidad pública en 307 millones de euros, un 11,4 %, en los tres últimos años, o la eliminación de 2.300 profesionales de la sanidad.
«Un dato aún mas preocupante, demoledor y clarificador sobre el no sobrepasar la raya roja que anunciaba la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, es que los recortes en sanidad en los últimos tres años está en el 92 %», ha reforzado Gil, quien ha añadido: «somos la región con el número de camas mas bajo del país».
Gil ha sido tajante: «la decisión de paralizar las obras del hospital hace tres años fue de Cospedal, que es la responsable de que hoy estemos con un hospital a medio construir y cuando había un compromiso de financiación por el Banco Europeo de Inversiones, por 207 millones de euros, para abordar la obras sin dificultades».
Ha denunciado, por esto, que «la responsable de esa paralización aparezca ahora como la salvadora del hospital».
Sobre la urgencia por reiniciar ahora las obras, Gil ha citado dos razones: «porque ha conseguido, inicialmente, su propósito de que un hospital público tenga ahora la consideración de privado y de un negocio en torno a 500 millones de euros, y porque apenas quedan siete meses para las elecciones autonómicas y municipales».
Jesús García Villaraco ha añadido que la primera clave en la que se sustenta el recurso es «por el simulacro» que ha existido en la negociación: «el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ya tenía listo el pliego antes de la negociación con los sindicatos».
Y, ha añadido, la vulneración del Estatuto Marco al pasar «al constructor un derecho de servicios en otro régimen jurídico», «el pacto de selección de personal, que permite al constructor que regule la provisión de vacantes, sustituciones» y, por último, «la cesión ilegal de trabajadores» que, ha recordado, está prohibido en el Estatuto de los Trabajadores.
«El artículo 43 prohíbe que una empresa ceda trabajadores a otra y, aquí, empleados fijos estatutarios que dependen del Secan pasan a depender funcionarialmente del constructor», ha abundado.
En suma, «recurrimos la forma, pero en realidad recurrimos el fondo, que la gestión sea privada en lugar de pública», ha zanjado.
Por su parte, Chelo Cuadra ha lamentado que «en dos mañanas», las los días 16 y 18 de junio, que se reunió la Mesa Técnica, y tras presentarse el pliego el 9 de junio, «el Sescam dio por finalizado el periodo de negociación y sin mover prácticamente un coma se cerró el futuro de la sanidad en Toldo y de más de 300 trabajadores que van a dejar de ser personal estatutario y pasar a personal laboral».
«Ha habido una falta total de transparencia porque la sanidad se financia con dinero público y va a una empresa privada que luego no da explicaciones, porque las partidas no sabemos a que se destinan y el presupuesto inicial siempre varia con el final», ha zanjado.