La Junta abonará a finales de noviembre al sector de la discapacidad los pagos correspondientes al tercer trimestre de 2012, si bien la última parte del año tendrá que abonarse en febrero de 2013, pues hay justificaciones administrativas que no pueden realizarse hasta entonces.
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Así lo ha desvelado hoy el consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, en declaraciones a los periodistas en un receso de la reunión de la Comisión de la Discapacidad, encuentro que ha estado presidido por la presidenta regional, María Dolores de Cospedal.
Echániz ha comparecido ante los medios junto al presidente del Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) de Castilla-La Mancha, Luis Perales.
Tras la petición en las Cortes por parte del presidente regional del Cermi a la Junta de un plan de viabilidad para saldar las deudas, Echániz ha aclarado que el Gobierno regional ha pagado hasta ahora el 50 por ciento de lo que debe al sector en 2012, de modo que está al corriente de pago hasta el 30 de junio.
Además, el consejero ha afirmado que la presidenta regional se ha comprometido durante la reunión a realizar otro pago, del tercer trimestre (julio, agosto y septiembre) a finales de noviembre.
El resto -correspondiente a octubre, noviembre y diciembre- se abonará en febrero, ya que, según ha explicado Echániz, hay que esperar a que «se evalúen y certifiquen gastos producidos por el sector», que no pueden conocerse hasta entonces.
Echániz ha resaltado que el Gobierno regional «ahora está más cerca de la normalidad» de lo que estaba antes y, «en un periodo razonable, estará en la normalidad absoluta».
Ha criticado la gestión del anterior Gobierno socialista en materia de discapacidad y, para ilustrarlo, ha indicado que incluso había partidas previstas para este sector que «no se contemplaban en los presupuestos».
«Estamos cumpliendo compromisos, a pesar de las dificultades económicas que comprometen la situación actual», ha indicado el consejero, quien ha afirmado que, si su Consejería dispusiese de los tres millones que la Junta paga en intereses, se lo daría a las organizaciones que más lo necesitan.
Echániz ha manifestado el compromiso de Cospedal con el sector de la discapacidad con el objetivo de «saldar las deudas lo antes posible» para «no sólo sobrevivir a la crisis sino salir reforzado».
Por otro lado, el consejero se ha referido a la futura ley de tasas presentada por la Junta y ha rechazado que Castilla-La Mancha vaya a tener una tasa para la dependencia.
El consejero ha negado que vaya a haber una tasa por valoración de la dependencia y ha dicho que sólo será para la revisión de la misma, pues hay datos que constatan, ha argumentado, que en el 80 por ciento de los casos esa revaloración no resulta positiva.
Lo único que se genera con estos casos, ha dicho, es sobrecargar el trabajo de la Administración, desviando el trabajo de los funcionarios que se dedican a ello.
Además, ha resaltado que esta tasa sólo traslada el coste del servicio «de forma pequeña a las familias», ya que más del 50 por ciento recae en la Junta.
Por su parte, el presidente regional del Cermi ha valorado la celebración del encuentro, donde ha destacado que han participado representantes de todas las consejerías, y ha aplaudido el compromiso del Gobierno regional.
Ha indicado que ellos no venían a hacerse «la foto» sino a «trabajar» y ha destacado la «sintonía» del encuentro, aunque ha reconocido: «tenemos nuestros desacuerdos».
«Somos conscientes de la situación de nuestra comunidad autónoma», ha admitido Perales, quien ha mostrado su «satisfacción» por haber oído los compromisos por parte de la presidenta autonómica.
También se ha referido a la ley de tasas, ha aclarado las declaraciones que ha hecho esta mañana durante su comparecencia en la Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas Integrales de la Discapacidad en las Cortes y ha dicho que no se opone «de manera lineal» al nuevo texto normativo, porque «depende de a quién» se le apliquen.
En este sentido, ha afirmado que está de acuerdo con que se tengan en cuenta «los parámetros de necesidades y la situación económica de cada familias».
«Nos opondremos a cosas que vulneren los derechos de las personas más necesitadas y siempre dialogando con la Administración», ha afirmado Perales, quien ha recordado que la nueva ley de tasas contempla exenciones.