El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de modificación de la ley de caza de Castilla-La Mancha que, entre otros aspectos, recupera los cotos sociales y prohíbe prácticas cruentas como el lanceo del jabalí.
El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha comparecido en rueda de prensa tras la reunión del gabinete y ha destacado el «esfuerzo de consenso» que han hecho todas las partes implicadas, tanto las organizaciones de caza como las ecologistas, para sacar adelante un anteproyecto de ley que tiene en cuenta «todas las sensibilidades».
El documento trata de compatibilizar la actividad económica, la cinegética y la preservación del medio ambiente, ha explicado el consejero, quien ha destacado que se hace una apuesta por la caza social, que «no fue una prioridad del gobierno anterior en la ley de caza vigente» y que, sin embargo, es «clave desde el punto de vista ambiental y de la recuperación de la caza sostenible».
Por tanto, se van a recuperar los cotos sociales, se simplifican las cargas administrativas, se busca también la recuperación de las especies de caza autóctonas de caza de Castilla-La Mancha y se prohíben prácticas incompatibles con el bienestar de los animales como el lanceo del jabalí o la caza con lanzamiento del animal.
Ninguna organización de caza ha mostrado ningún inconveniente en ello y todas están a favor de que se prohíban estas prácticas cruentas, ha indicado Martínez Arroyo.
Además, la caza se hará compatible con otras actividades que se desarrollan en el medio rural como la recogida de setas o de espárragos, ahora supeditadas a la actividad cinegética, de manera que solo se prohibirán aquellas actividades que espanten la caza de forma deliberada.
La modificación de la ley de caza lleva consigo la modificación de la ley de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias con objeto de incorporar la exención de la tasa de la licencia de caza y pesca a los jubilados mayores de 65 años residentes en la región.
Asimismo, se adecuará la ley de conservación de la naturaleza de Castilla-La Mancha con objeto de potenciar la lucha contra el uso ilegal del veneno en el medio natural.
Dentro de la graduación de las sanciones, se ha incluido la posibilidad de que estas se relacionen en determinados casos con el beneficio obtenido, eliminando la posibilidad de que la infracción sea rentable.
El consejero ha destacado que la nueva ley de caza es sensible a las cuestiones medioambientales y con la actividad económica cinegética, que genera más de 600 millones de euros de facturación al año y mucho empleo en el medio rural.
Por tanto, ha dicho que es un «orgullo» haber sentado a la mesa a todas las partes interesadas: Federación de Caza de Castilla-La Mancha, Aproca y Ática; y, por otro lado, el sector ecologista y la Plataforma Contra la Ley de Caza del Gobierno anterior.
Martínez Arroyo ha explicado que las últimas semanas han sido «muy provechosas» y que se han tenido en cuenta «todas las sensibilidades», los de los que «defienden la caza como una actividad económica y los que persiguen que esa caza sea sostenible».
Ha precisado, no obstante que pese al alto grado de consenso, no es del cien por ciento, y que en el trámite de la ley se podrán ir incorporando mejoras.