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Según la consejera De la Calzada 05/06/2014junio 9th, 2017

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, ha informado hoy de que el Gobierno regional ha invertido 117 millones de euros en los tres primeros años de Legislatura en el mantenimiento de carreteras y trabaja específicamente en eliminar los puntos negros.

García de la Calzada ha detallado estos datos durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales en el debate general presentado por el grupo popular sobre la actuación realizada por el Ejecutivo autonómico en materia de conservación de carreteras en la actual Legislatura.


El Gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 117 millones de euros en 108 actuaciones en carreteras de la región y el número de accidentes de tráfico con víctimas se ha reducido un 15 por ciento.

La consejera de Fomento ha defendido que las inversiones se han hecho «respetando estrictamente los procedimientos legalmente establecidos» y se han adjudicado los contratos «de acuerdo a los criterios que permiten garantizar la calidad de obras públicas».

Todo ello, ha continuado, ejecutado con «el mejor precio» para la Administración y no se ha producido «ni un sólo modificado de contrato que haya supuesto sobrecoste para los ciudadanos».

«Y lo hemos hecho pagando el IVA que corresponde a estas obras y abonando los pagos a los contratistas», ha subrayado De la Calzada, que ha apuntado que el plazo de morosidad de la Junta es de 47 días.

Del mismo modo, ha señalado que el Gobierno regional trabaja en «mejorar la seguridad vial procurando las mejores comunicaciones» y está actuando en «prácticamente el cien por cien» de los puntos negros.

En concreto, ha detallado que durante la Legislatura se ha actuado en once tramos de concentración de accidentes y en nueve tramos peligrosos, mientras que se han ejecutado diez obras de emergencia.

Frente al actual modelo del Gobierno autonómico, la consejera ha situado al anterior Ejecutivo regional y ha denunciado que los responsables socialistas elaboraron un calendario de pagos a la Sociedad de Carreteras, actualmente integrada en la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), por valor de 2.400 millones de euros a pagar entre 2012 y 2031.

Esta situación, según ha criticado De la Calzada, ha provocado que se haya «hipotecado» el futuro de los castellanomanchegos y la política de carreteras «de cuatro legislaturas».

«Supone hipotecar la voluntad de los ciudadanos que con su voto tienen derecho a decidir qué política de carretas quieren tener», ha lamentado.

En este sentido, ha dicho que el modelo socialista provocó «el encarecimiento desproporcionado de las obras» porque la Sociedad de Carreteras «cuando no tenía dinero acudía al mercado financiero» y porque tenía que tener, además, un «beneficio industrial».

Como ejemplo, se ha referido a la autovía de La Sagra, para la que se adjudicaron dos tramos por 233 millones de euros, mientras que la Junta tenía que pagar por esa obra 616 millones de euros.

También ha apuntado a la autovía del Cuarto Centenario, con un valor de adjudicación de 139,5 millones de euros y un precio final de 294,7 millones, y el puente de Talavera, de 74,7 millones euros y un sobrecoste final del 28 por ciento.

Por otra parte, De la Calzada ha señalado que la Junta ha tenido que abonar 28 millones de euros correspondientes a expropiaciones ejecutadas durante el anterior Gobierno y la extinta Sociedad de Carreteras de Castilla-La Mancha generó una deuda tributaria de 65 millones debido a que no liquidó el IVA desde 2007.

La consejera también ha detallado que desde el mes de mayo de 2007 a mayo de 2011 se incrementó el paro en el sector de la construcción un 162,5 por ciento, por lo que la política socialista basada en el «derroche» no sirvió «ni siquiera para bajar el paro».

Con todo ello, ha considerado que el modelo fue «desacertado y perjudicial para los intereses de Castilla-La Mancha» y, pese a que el Síndico de Cuentas advirtió a la Junta en mediados de 2010 de que no pagaba a los contratistas de la Sociedad de Carreteras, contrató «más obra» antes de las elecciones de 2011.

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