La Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales ha asegurado que se ha logrado reducir en 5.000 el número dependientes que están a la espera de recibir un servicio en comparación con las que había en 2011.
La Consejería ha calificado en un comunicado de «absolutamente falso» que haya aplicado una «suspensión cautelar» a dependientes fallecidos, según ha manifestado hoy en rueda de prensa la diputada socialista Guadalupe Martín, quien ha denunciado que 10.766 dependientes están pendientes de cobrar prestación.
Ha aclarado que solo se ha suspendido la prestación a aquellas personas que el Instituto Nacional de Estadística o el Ministerio de Justicia han indicado que han fallecido, que ha hecho a través de un listado que pasa periódicamente a todas las comunidades autónomas.
La Consejería ha apuntado que ha sido el Tribunal de Cuentas quien ha confirmado las irregularidades por personas fallecidas que no habían sido dadas de baja en el sistema y que «conllevaron a Castilla-La Mancha a ver reducida la financiación del Estado en más de 15 millones euros».
En este sentido, ha indicado que el Tribunal de Cuentas ha informado que, hasta la fecha, se han cobrado más de 6,5 millones de euros por pagos indebidos, correspondientes a 5.953 expedientes.
Ha añadido, además, que dicho organismo ha valorado positivamente algunas de las medidas adoptadas por el Gobierno regional en materia de gestión de la dependencia, como el exigir el DNI a los menores para facilitar la identificación y evitar errores.
En cuanto a plazos, ha precisado que el propio informe del Tribunal razona que el tiempo medio de tramitación de un expediente en Castilla-La Mancha es 105 días inferior a la media nacional y 52 días menos de lo que se tardaba en el periodo de 2007 a 2010.
Ha añadido que los datos de dependencia ofrecidos por el Estado entre 2007 y 2011 no reflejaban la situación real de la gestión de la dependencia y que Castilla-La Mancha es una de las tres comunidades autónomas que certifican puntualmente todos los meses sus datos de dependencia y la veracidad de los datos introducidos en los Sistemas de Información oficiales.
Por último, también ha tachado de «absolutamente falso» que exista una «contabilidad paralela» de los expedientes de la dependencia, tras la denuncia de Martín de la existencia de una «contabilidad b» en la gestión de expedientes.
Un hecho, ha lamentado, que «se realizaban en la anterior etapa de gobierno socialista que, afortunadamente, se han erradicado».