La Plataforma ‘Sí a la tierra viva’ ha exigido al presidente del Gobierno regional, Emiliano García-Page, que suspenda «de inmediato» la tramitación del proyecto de minería de tierras raras y cumpla, así, con el informe de paralización que ha emitido la Oficina del Alto Comisariado del Defensor del Pueblo.
En multitudinaria rueda de prensa celebrada hoy en un hotel de Toledo, donde han asistido organizaciones agrarias (Asaja, COAG UPA, Asaja, Cooperativas Agroalimentarias CLM), medioambientales (Ecologistas en Acción, Seo Birdlife), asociaciones (Fundación Savia o Campo de Montiel) o partidos políticos (Podemos, IU, PP), además de algún alcalde y concejales, todos los intervinientes han exigido la anulación del procedimiento por la carencia de recursos hídricos
El portavoz de la Plataforma, Luis Manuel Ginés, ha agradecido la presencia de unos 200 vecinos de pueblos de la comarca afectada (Torrenueva, Torre de Juan Abad, Cózar, Villanueva de los Infantes, Castellar de Santaigo, Valdepeñas o Almedina), que varias veces de la comparecencia se han dejado oír al grito de «No es no», «sí a la tierra viva» o «no a la mina», y ha explicado que «es por ellos que estamos aquí, para que se escuche nuestra voz».
«Este proyecto de minería de tierras raras no se debería haber iniciado nunca, porque no es viable, ya que no hay agua, y por eso no deberías haber estado hoy aquí», ha razonado Ginés, al aludir al recurso de la Plataforma para suspender la tramitación y que el informe de la Oficina del Defensor del Pueblo inste a la Junta de Castilla-La Mancha a suspender la tramitación de los proyectos.
La abogada de la Plataforma, María Carmen Morallón, ha asegurado que el informe del Defensor del Pueblo, a tenor de la información recibida de las distintas Administraciones públicas y que confirmó ya la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), «concluye que no existe disponibilidad de recursos hídricos suficientes para acometer los proyectos mineros presentados».
Ha incidido en que «se insta al Gobierno regional y, en concreto, a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural a suspender los procedimientos de evaluación ambiental iniciados y a no empezar otros nuevos» hasta que se resuelva la falta de agua y que por ello la empresa «Quantum Minería S.L.» «no puede pretender continuar con la tramitación de los procedimientos».
Además, ha agregado que se pide, también, que argumente «los motivos por los que no se incluyó la investigación y extracción de tierras raras en el Plan Estratégico y Minero».
En este punto, ha pedido responsabilidades políticas, al no cumplir con la resolución de mayo de las Cortes regional de parar el proceso, y también a los técnicos que «han emitido deliberadamente que se llevaran a cabo procedimientos que eran inviables».
La Junta «debe intervenir para salvaguardar no solo los derechos mineros, sino también los intereses generales», como la protección ambiental y la ordenación urbanística y territorial, «y más si el agua debe ser detraída de otros usos, con la consiguiente incidencia en modelo y desarrollo de la comarca», ha zanjado.
En la misma línea, el miembro de SEO Birdlife y de la Plataforma José Guzmán ha remarcado que «la zona elegida es errónea» y se ha fijado en «los valores naturales, de alto valor ecológico» de toda la comarca y la defensa de todos ellos para «no perder nuestras raíces y dejemos a nuestros hijos una tierra yerma, improductiva».
El presidente de la Cooperativa Olivarera «Campo de Montiel», que aglutina a 4.300 socios, Pablo Vivar, ha pedido a García-Page que «archive el proceso» porque «es incompatible» con el desarrollo agropecuario de la comarca y responda de un vez a sus peticiones de reunión porque «desde el 31 de mayo ni contesta ni responde».
La vecina de Castellar de Santiago Raquel López ha pedido al jefe del Ejecutivo regional que haga valer el que «la voluntad del pueblo es la base del poder público» para detener el proceso porque, si no, «sobre sus espaldas recaerá la responsabilidad de que nuestra agua no sea esquilmada, nuestro aire se vea afectado y el ecosistema destruido, y que el pan de nuestros hijos sea puesto en peligro».
«Queremos que se enteren bien todos nuestros gobernantes: que cumplan con lo prometido y no gobiernen sin atenerse a la voluntad soberana de los ciudadanos», ha concluido.