La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha cifrado hoy en 17 millones de euros la cantidad que la Junta tendrá que devolver a los 41.000 dependientes afectados por la sentencia que anula la Orden de Dependencia de 2013.
La Plataforma ha aportado este dato en nota de prensa, en la que también ha anunciado que «en breve» pondrá a disposición de todos los dependientes que hayan visto reducida, modificada o eliminada su prestación o servicio un documento tipo de reclamación.
El documento, que se podrá descargar de las páginas que la Plataforma tiene en las redes sociales, se enviará en primer lugar por correo electrónico a la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales y, en caso de no recibir respuesta, se trasladará de manera física a este departamento.
Este último caso, ha advertido la Plataforma, provocaría «el colapso de los registros de las instituciones regionales».
Las reclamaciones podrán ser presentadas por todos los que hayan sido revisados en grados o prestación o servicio y cuya resolución tenga fecha posterior a 8 de agosto de 2013, día en el que entró en vigor la orden que ahora ha declarado nula el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
Con ello, la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia ha instado al Gobierno de María Dolores de Cospedal a que «dé las instrucciones oportunas» al consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, para que «no obligue a tantas miles de personas en situación de dependencia a volver a pasar por el sufrimiento de tener que reclamar lo que se les ha arrebatado».
«En base a una legislación que, según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, nunca debería haber tenido validez y, por tanto, los restituya de oficio en sus derechos», ha añadido.