31 de los 42 trabajadores de la piscina cubierta de Azuqueca de Henares, que gestiona la concesionaria Alameda Agua y Salud, han presentado una denuncia ante la Guardia civil contra el alcalde y dos ediles por «difundir falsas acusaciones» sobre su situación laboral y acoso a uno de ellos.
La piscina de Azuqueca, menudo lío
Uno de los denunciantes ha explicado que ayer se interpuso una denuncia en la comandancia de la Guardia Civil de Azuqueca contra la edil de IU María José Pérez, por declaraciones falsas en un medio de comunicación, en las que afirmaba que el spa de la piscina municipal cubierta «está convirtiéndose en la extensión de un burdel» y, especialmente, por una denuncia por agresión verbal contra un empleado de la piscina.
La edil había afirmado, además, que las instalaciones tenían deficiencias y que los trabajadores no contaban con buenas condiciones laborales.
[ze_summary text=»No hubo agresión física ni verbal, solo el empleado llamó mentirosa a la edil»]No hubo agresión física ni verbal, solo el empleado llamó mentirosa a la edil[/ze_summary]«No se produjo ni agresión física ni verbal y la denuncia que ha puesto contra mi compañero es por llamarla mentirosa, algo que entendemos no tiene recorrido», ha explicado este trabajador, compañero del denunciado.
Ha añadido que «lo cierto es que cuando la edil se acercó a las instalaciones con una cámara de televisión, y ya antes había hecho esas declaraciones a otro medio, mi compañero la invitó a pasar y comprobar en persona las correctas instalaciones».
Dicha denuncia de la edil fue trasladada por ella misma ante el equipo del Gobierno del Consistorio y motivó que tanto el concejal de Deportes, Sergio de Luz, como el alcalde pidiesen a la empresa concesionaria el despido inminente del trabajador denunciado.
«Y ello, sin explicar razones y motivo por el cual ahora son denunciados por el conjunto de los trabajadores al entender que está acosando a un trabajador y que no son quiénes para pedir su despido que, en todo caso, de inicio conllevaría una sanción y debería tener opción de defenderse», añade.
Este trabajador ha insistido en que son 31 de los 42 empleados los que denuncian estos hechos y defienden el funcionamiento correcto de la instalación, achacando el problema «a cuestiones políticas» relacionadas con dos empleadas conflictivas que tienen vínculos políticos con dos partidos de la oposición. «Incluso una forma parte del Consejo local de IU», agrega, antes de asegurar que «estos son los motivos de estas falsas denuncias y la grave situación en la piscina», ha concluido.