Los padres de Cristina Martín de la Sierra, la joven de 13 años asesinada en Seseña en abril de 2010, han saltado hoy a la opinión púbica al conocerse que han presentado una reclamación al Estado pidiendo más ayudas para las familias de las víctimas y penas más duras para los asesinos menores de edad.
Los padres de Cristina Martín de la Sierra, la menor de 13 años asesinada por una compañera de clase en abril de 2010 en Seseña (Toledo), han presentado una reclamación al Consejo de Ministros porque «el Estado no cumple la legislación comunitaria» en materia de protección de víctimas de delitos violentos.
La abogada de la familia, María Ponte, ha asegurado hoy en rueda de prensa que las familias de los menores víctimas de delitos violentos en España «no están bien protegidas» ya que la ley no prevé indemnizaciones ni ayuda psicológica por parte del Estado para ellas.
Según Ponte, esto sucede porque la legislación española solo prevé la ayuda cuando el fallecido genera ingresos en la unidad familiar.
La letrada también ha solicitado en un Juzgado de Toledo que se reforme la Ley de Responsabilidad del Menor para que se eleven las penas impuestas a los menores que han cometido delitos de sangre, al entender que las actuales «son muy bajas».
Ponte ha recordado que, según la sentencia del Juzgado de Menores de Toledo, los padres de la acusada, que se encuentra en un centro de menores, debían indemnizar a la familia de Cristina con 300.000 euros, pero aún «no ha cobrado ni un solo euro» porque tanto la responsable penal como sus progenitores se declararon insolventes.
El padre de Cristina, Francisco Martín de la Sierra, ha indicado que no han recibido ningún tipo de ayuda, ni apoyo, por parte del Estado y que él y su mujer se encuentran «totalmente desamparados».
Según Martín de la Sierra, la adolescente que mató a su hija, que cuando cometió el crimen tenía 14 años, fue condenada a ingresar cinco años en un centro de menores y a tres de libertad vigilada.
Esta es la pena máxima prevista en la Ley del Menor.
«Yo, la pena de muerte no la querría, pero sí que esta niña (la acusada) esté a pan y agua hasta que el Señor la llame a su vera», ha añadido el padre de Cristina en referencia a la cadena perpetua.
El presidente de la Asociación Nacional de Víctimas de Delitos Violentos (Anvdv), José Miguel Ayllón, que está apoyando a los padres en esta causa, ha denunciado la «increíble situación de abandono» que sufren estas familias.
Ayllón ha destacado que es injusto que este tipo de víctimas no reciban ningún tipo de ayuda por parte del Gobierno, lo que sí ocurre en el caso de los delitos de terrorismo.
También ha criticado que los menores condenados salgan a la calle sin que nadie haya comprobado si están preparados para la reinserción, algo que, a su juicio, «no se puede consentir».
Además, el presidente de Anvdv ha hablado del juicio que se celebra estos días en Sevilla por el asesinato de Marta del Castillo para criticar la utilización «escandalosa» de la imagen de la menor por parte de los medios sin el permiso de los padres.