domingo, 5 de mayo de 2024
El fiscal y la acusación particular consideran probado el supuesto delito 30/09/2015junio 7th, 2017

El fiscal y la acusación particular han pedido una condena de cuatro años de prisión para el excalcalde socialista de Chozas de Canales (Toledo) Antonio Antúnez, por considerar que cometió un delito de falsedad al alterar los documentos relativos a una licencia de obra para un PAU.
Han solicitado esta pena en el juicio que se ha celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Toledo, en el que la abogada defensora de Antúnez ha solicitado su libre absolución, porque ha considerado que en la vista no ha quedado acreditado que el procesado cometiera el delito que se le imputa.

Las acusaciones han considerado que se ha probado que Antúnez (que fue alcalde entre 1983 y 2007) firmó una certificación en 2005 para la construcción de 443 viviendas en el Programa de Actuación Urbanística (PAU) Z-10, a sabiendas de que era falsa.


Los certificados firmados se referían a unas licencias de obras que se solicitaron supuestamente el 2 de mayo de 2000 por parte de dos empresas promotoras, cuya entrada no figura en el registro del Ayuntamiento y cuando una de las dos mercantiles aún no había sido constituida.

Según el fiscal y la acusación el objeto de esta modificación era evitar que la promoción de viviendas estuviera sujeta a la Ley de Ordenación de la Construcción, que entró en vigor cuatro días más tarde (el 6 de mayo de 2006, que establece garantías para los compradores de viviendas de obligado cumplimiento como el seguro decenal, seguro de daños materiales o seguro de caución.

Además en 2000 los terrenos donde se iban a edificar las viviendas tenían la catalogación de rústicos, y no se presentó un proyecto de recalificación para convertirlos en un PAU hasta 2003, por lo que las acusaciones han considerado que en esas condiciones ningún promotor se hubiera aventurado a pedir licencia de obras.

ANTÚNEZ RECONOCIÓ QUE FIRMÓ

En la vista, Antúnez ha reconocido que firmó la certificación y ha asegurado que no sabía quien la había redactado, ya que como alcalde y en esa época, en la que habían muchos expedientes municipales de urbanismo, tenía que fiarse de los funcionarios.

Asimismo, ha achacado el hecho de que las licencias de 2000 no tuvieran registro de entrada a que en esa época hubo pérdida de expedientes en el Ayuntamiento.

Por su parte, Julián Agudo, que sucedió a Antúnez en la Alcaldía de Chozas de Canales por el PP, ha apuntado que la irregularidad se descubrió cuando un vecino del PAU Z-10 presentó un escrito público en el que figuraba la concesión en 2005 con una licencia de 2000.

Esta anomalía también fue observada por los técnicos de la sociedad de tasación que tasó las viviendas para calcular las hipotecas, que han indicado que les extrañó que hubiera esos cinco años de diferencia y que la licencia se hubiera presentado cuatro días antes de la entrada en vigor de la Ley de Ordenación de la Construcción por lo que hicieron una advertencia en el expediente.

Los técnicos han señalado que el desfase de fechas podía deberse a cualquier motivo y han recordado que para visar un proyecto el Banco de España exige que tenga licencia de obra, que si les fue aportada.

«NO HAY PRUEBAS DE FALSIFICACIÓN»

La abogada defensora ha considerado que en la vista no se han presentado pruebas que demuestren que ha habido falsificación, por lo que ha pedido la libre absolución del acusado ante las dudas sobre su culpabilidad.

Ha argumentado que hay muchas razones para que los expedientes que no han sido encontrados no estuvieran en el Ayuntamiento y ha aseverado que Antúnez «no tenía interés en certificar algo falso, lo único que ganaba era que no se formalizara el seguro decenal».

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