La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas (AIVE) ha solicitado por escrito a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), encuadrado en el Ministerio de Hacienda, que les remita la información pública sobre el importe total recaudado por sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) desde 1987 (fecha de la declaración de sobreexplotación del Acuífero 23) hasta la actualidad, en concepto de infracciones relacionadas con el uso indebido del agua y prácticas de riego.
Asimismo, AIVE, con sede en Alcázar de San Juan, solicita al órgano de control interno del sector público estatal y el centro directivo y gestor de la contabilidad pública el desglose anual de las cantidades recaudadas, especificando, en la medida de lo posible, el tipo de infracción o procedimiento sancionador.
Destino específico de los fondos recaudados
También demanda en su solicitud el destino específico de los fondos recaudados por estas sanciones, y si han sido ingresados en el Tesoro Público, incorporados al presupuesto general o destinados a actuaciones concretas (infraestructuras hidráulicas, vigilancia, restauración del dominio público hidráulico, etcétera).
Entre las peticiones también están la trazabilidad presupuestaria que permita conocer en qué programas o actuaciones se ha invertido el importe recaudado y la referencia de las normas o instrucciones internas que regulan el destino de estos fondos.
La Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas ha solicitado también esta información directamente a la CHG y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
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Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
A nivel regional, AIVE se ha dirigido por escrito al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, solicitándole que la Junta de Comunidades, en el ejercicio de las funciones de impulso y control político correspondiente, se dirija a IGAE, MITECO y CHG requiriéndoles oficialmente la misma información solicitada por la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas.
Desde AIVE recuerdan que García-Page anunció recientemente la posibilidad de llevar a las confederaciones hidrográficas ante los tribunales por “negligencias en la gestión”, coincidiendo su malestar institucional con las quejas y demandas de la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas.
