ASAJA Castilla-La Mancha, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (APAG) y la Asociación de Trabajadores de Máquinas Cosechadoras (Atamaco) ha celebrado este lunes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia regional que ha anulado la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible que prohibió las labores de cosecha los días 11 y 12 de julio de 2021.
En una rueda de prensa conjunta, han valorado el fallo como un «espaldarazo» jurídico que, según han afirmado, confirma que la administración «no era competente para decidir cuándo o cómo se debían realizar los trabajos agrícolas» y que actuó «sin criterio lógico ni legal».
El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda; el presidente de APAG, Juan José Laso, y el presidente de Atamaco, Félix Andrés, han explicado que la sentencia ha validado el recurso contencioso-administrativo presentado por APAG contra una decisión que califican de «imprudente, irresponsable y carente de inteligencia».
La resolución firmada en 2021 por el entonces viceconsejero Fernando Marchán -y avalada por el ex consejero José Luis Escudero– ha sido descrita como una medida «sin consenso, sin lógica y adoptada a espaldas del sector», que paralizó la siega en plena campaña y causó perjuicios económicos «muy graves». Durante la comparecencia se ha subrayado que, si el fallo hubiera llegado antes, «su único destino hubiera sido seguramente el cese».
Vía abierta para reclamar daños
La sentencia ha activado también el proceso para exigir responsabilidad patrimonial a la Junta por los perjuicios derivados de la paralización de la actividad.
Así, desde Atamaco han estimado pérdidas de entre 650.000 y 750.000 euros solo entre sus socios de Guadalajara, sin contar otras provincias.
Los comparecientes han detallado que el daño no se limitó a la facturación de los días afectados, sino también a costes laborales, alojamientos de personal desplazado, pérdida de clientes en campañas posteriores y mermas de producción para los propios agricultores. Según han indicado, el impacto total en Castilla-La Mancha sería «muy superior».
La organización de maquinaria agrícola celebrará una asamblea para fijar el procedimiento de reclamación, mientras que el Comité Ejecutivo Regional del sector analizará el alcance jurídico del fallo en una reunión prevista para el 2 de diciembre.
Un punto de inflexión
Las organizaciones exigen ahora diálogo real y avisa de que «cualquier ataque a la renta irá a los tribunales». Así, Fresneda, Laso y Andrés han coincidido en que esta sentencia «ha dado fuerza, ánimo y moral» al campo para afrontar una nueva etapa en la negociación con la administración.
Han pedido a la actual consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, «abrir una fase basada en el diálogo y el consenso», frente a un modelo previo que califican de «ordeno y mando». Y han advertido de que a partir de ahora acudirá a los tribunales ante cualquier medida que afecte a la renta agraria sin compensación.
Daños por conejos
Han apuntado a conflictos ya abiertos como los daños por conejos, las restricciones por nitratos o las nuevas exigencias de la llamada «capa verde».
Durante la comparecencia, las organizaciones han insistido en que la agricultura y la ganadería deben ser consideradas como parte de la solución en materia de prevención de incendios, no como un riesgo.
Han asegurado que «si no existiera agricultura y ganadería en esta provincia, hubiera ardido el 100% del territorio» y han pedido también a la administración que deje de «regular solo al sector agrario» en materia de incendios y reconozca su labor como «cortafuegos natural».
30 días para recurrir
Así, las organizaciones han recordado que la Administración autonómica tiene un plazo de 30 días para presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, han señalado que no perciben intención de hacerlo y advierten de que recurrir «sería un error».