La estrategia contra la despoblación que está aplicando la Junta de Castilla-La Mancha en las 26 zonas en las que se está aplicando está dando frutos, ya que la población ha crecido en 4.672 personas desde 2021, con un saldo migratorio positivo de 15.423 personas.
Este saldo migratorio positivo implica que una de cada cuatro personas que llegan a Castilla-La Mancha va a las zonas en las que hay despoblación, ha indicado este jueves el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha presidido la reunión que ha celebrado en Toledo el Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación.
La reunión ha supuesto el fin del proceso de revisión intermedia que se estableció en la estrategia contra la despoblación 2021-2031, que se ha llevado a cabo a lo largo de todo el año, y que indica que se están cumpliendo los objetivos fijados por el Ejecutivo autonómico en las 26 zonas de la región en las que se aplica,
Martínez Guijarro ha recordado que inicialmente se establecieron 210 actuaciones, de las que el 96 por ciento (201) ya están ejecutándose y ha destacado que la ejecución media de todas ellas supera el 52 por ciento, según la primera evaluación que se hizo al inicio del ejercicio, que se ha mantenido en los sucesivos trimestres.
En términos presupuestarios, el Gobierno regional ha destinado al desarrollo de las actuaciones contempladas en la estrategia contra la despoblación 1.854 millones de euros en los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, lo que supone un 140 por ciento de los 1.319 millones de euros que se preveía destinar cuando fue aprobada, ha señalado el vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha.
Se han destinado 535 millones de euros más de los previstos inicialmente para la aplicación de las medidas de la estrategia, ha apuntado Martínez Guijarro, que ha añadido que cada día se han destinado 5 millones de euros a políticas para hacer frente a la despoblación, a garantizar los servicios públicos y a apoyar el emprendimiento en estas zonas.
Modificaciones de la estrategia y 13 nuevas medidas
En este contexto, el Consejo Regional de Desarrollo Rural y Despoblación ha acordado proponer al Gobierno castellanomanchego que se lleven a cabo 50 modificaciones en las medidas planteadas en la estrategia, de forma que se reorienten algunas de ellas, que otras se refundan y que se implementen 13 nuevas medidas que no se contemplaban inicialmente.
Entre estas nuevas medidas figuran la creación de un bono de transporte rural, que complemente al transporte sensible a la demanda, establecer ayudas en materia de tarifa plana para los autónomos y financiar a cooperativas pequeñas y sociedades anónimas laborales que presten servicio en el medio rural.
También se plantea que se haga una apuesta clara en materia de vivienda, diseñando un programa específico de vivienda en el medio rural, así como propiciar la colaboración entre Junta de Comunidades y ayuntamientos para resolver cuestiones urbanísticas.
En este sentido, el Consejo de Desarrollo Rural propondrá que se apruebe el Estatuto de los Pequeños Municipios de Castilla-La Mancha, y también que se fomenten las comunidades energéticas en el medio rural.
En el ámbito de la vivienda, el planteamiento es que los planes estatales sean flexibles y se adapten al medio rural, así como movilizar hacia el mercado de la vivienda las que están vacías pero no están disponibles para alquiler o venta, y crear oficinas para atender a estos propietarios «y hacerles una propuesta de servicio llave en mano».
A su vez, con el Estatuto del Pequeño Municipio se propugna adaptar la normativa de ámbito autonómico para dar respuesta a las poblaciones más pequeñas, por ejemplo propiciando unas herramientas urbanísticas mucho más flexibles, o facilitando la creación de puestos de trabajo de empleados públicos en ayuntamientos.
Martínez Guijarro ha explicado que con estas propuestas la estrategia contra la despoblación pasará de tener 210 actuaciones a 216 medidas, una vez que sean reorientadas y refundidas las iniciales y se incorporen las 13 nuevas planteadas, que también conllevarán un aumento presupuesto de 25 millones de euros, de forma que de los 3.322 millones de euros previstos inicialmente en la estrategia se pasará a 3.347 millones de euros.
Por su parte, el presidente de la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), Jesús Ortega, ha valorado los datos que se desprenden del análisis intermedio de la estrategia contra la despoblación, así como de ley autonómica en la que se asienta, que según ha dicho: «Es la envidia de Europa y del resto de comunidades autónomas».