Castilla-La Mancha concentra 1.261 del total de 65.122 anuncios ilícitos identificados por el Ministerio de Consumo en la plataforma de alquiler de viviendas turísticas Airbnb, lo que ha derivado en una sanción de 64 millones de euros.
En conjunto, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha sancionado con 64 millones a la plataforma ‘online’ de alquiler de viviendas turísticas Airbnb y ha identificado un total de 65.122 anuncios ilícitos.
Comunidad Valenciana (21.807) y Canarias (12.486) asumen la mayor parte de los pisos turísticos de Airbnb que carecen de un número de registro, mientras que Andalucía encabeza con 3.352 los anuncios que cuentan con un número de registro falso.
En el caso de Castilla-La Mancha, los datos indican que hay 1.260 pisos turísticos sin número de registro y uno con número de registro falso.
Por no tener número de registro, el Ministerio que dirige Pablo Bustinduy identifica 59.229 pisos. Tras las cifras de la Comunidad Valenciana y Canarias, que aglutinan el 58 % (34.293 entre las dos), destaca Galicia (6.897); Baleares (4.289); Murcia (2.685); Cantabria (2.486) o Asturias (2.136), indican desde el Ministerio.
Desde Consumo explican que las sanciones por no incluir el número de registro están presentes en todo el territorio, menos en Madrid, Andalucía y Extremadura. En estos casos, la normativa autonómica no recogía la obligatoriedad de incluir un número de registro, por lo que el número de pisos retirados es menor que en el resto de comunidades y los casos de anuncios retirados se limitan a un número de registro falso.
Todos los casos son previos a la entrada en vigor de la Ventana Única Digital, que hace obligatorio en toda España el número de registro.
En el caso del número de registro falso, Consumo identifica 5.769 anuncios de Airbnb, en su mayoría en Andalucía (3.352). También destaca Cataluña con 1.455. En Madrid cifra 300, en Canarias 242, y en la Comunidad Valenciana 131, entre otras.
Además, el Ministerio calcula que hay 124 anuncios de anfitrión desconocido y subraya que, en el caso de la ciudad de Madrid, localizó 15.200 anuncios de pisos turísticos ilegales por incumplir la normativa municipal, anuncios que no pudieron ser eliminados por Consumo al tratarse de una competencia municipal.