El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado este lunes dispuesto a flexibilizar los plazos tanto para la reestructuración de viñedo como para otras actuaciones relacionadas con la Política Agraria Común (PAC) después de las fuertes lluvias caídas en las últimas semanas.
Así ha respondido el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, a preguntas de los periodistas por este asunto tras participar en una reunión con representantes de regantes en el Palacio de Fuensalida, sede del Ejecutivo autonómico, en Toledo.
Martínez Lizán ha señalado que las normas de la PAC establecen ciertos mecanismos de protección para los agricultores en el caso de que haya causas de fuerza mayor que impidan el cumplimiento de las normas establecidas en el desarrollo de la actividad agronómica.
Asimismo, ha informado de que este mismo lunes está convocada una reunión con las organizaciones agrarias y con las entidades colaboradoras para poder plantear soluciones a estas situaciones.
No obstante, ha precisado que cree que todavía no se ha hecho una petición de flexibilización pero, en cualquier caso, ha reiterado que las lluvias son una casa de fuerza mayor y que, por tanto, no se cierra a las flexibilizaciones que sean necesarias para impedir que los agricultores y ganaderos tengan problemas en el desarrollo de esas normativas.
Regantes del Júcar y del Segura alertan de «recortes» y la Junta se compromete a defender sus intereses
El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha comprometido este lunes a defender los intereses de los regantes de las demarcaciones hidrográficas del Segura y del Júcar que le han trasladado su «malestar» y han alertado de los recortes que ponen en riesgo su futuro.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha reunido durante unas dos horas con representantes de los regantes de ambas demarcaciones en el Palacio de Fuensalida, sede del Gobierno regional, en Toledo.
Tras el encuentro, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, ha señalado, en declaraciones a los medios de comunicación, que existe «inquietud» en todo el sector, agrario, ganadero, agroalimentario, industrial, e incluso por el abastecimiento de agua a las poblaciones.
Martínez Lizán ha defendido que el agua, como bien escaso, debe aprovecharse de manera «eficiente», que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma en superficie de regadío y que un 70 por ciento del mismo es de máxima eficiencia, por lo que, a su juicio, se constata que «se aprovecha hasta la última gota de agua gracias al esfuerzo de los agricultores y regantes, y también de la Administración regional».
Ha coincidido con los representantes de los regantes en que el Esquema de Temas Importantes de la planificación hidrológica para después del 2027 «pone los pelos de punta» y deja a esta región en una «mala situación», por lo que ha afirmado que el Gobierno regional trabajará por «un futuro que garantice la sostenibilidad».
En este sentido, ha apuntado que el Ejecutivo autonómico trabaja desde el punto de vista administrativo y jurídico para poder afrontar el reto de la Directiva Marco del Agua, para que no perjudique el desarrollo futuro, y con el objetivo de que la gestión de la planificación sea «equitativa y homogénea» y, sobre todo, «que salvaguarde la rentabilidad futura de las explotaciones».
Constituyen una plataforma de afectados en la provincia de Albacete
Por su parte, Carlos Díaz, en representación de la plataforma de la cuenca del Segura en la provincia de Albacete, ha explicado que le ha presentado esta plataforma al presidente regional y le ha mostrado la «preocupación» de los regantes al tiempo que le ha pedido que la defensa del agua sea «conjunta» en Castilla-La Mancha.
A su modo de ver, la Directiva Marco del Agua a partir de 2027 va a suponer «mayores restricciones y probablemente en algunos casos la desaparición de concesiones tradicionales y no tradicionales», de forma que estas limitaciones harán «inútil» la posibilidad de dedicarse a la agricultura en esta zona.
En la misma línea, el presidente de la Junta Central de Regantes de Mancha oriental, Julián García, ha incidido que de la planificación hidrológica prevista se deducen «unos recortes brutales a las asignaciones que tiene Mancha oriental», ya que «se pretenden eliminar 77 hectómetros cúbicos de agua para regadío».
García ha apelado a retomar el espíritu del plan hidrológico del 98, que ha dicho que se ha ido perdiendo en los distintos planes hidrológicos, y volver a ese estatus que reconoce que como cuenca cedente, es prioritaria en el uso del agua ante de atender otros usos de sistemas ajenos al Júcar.
También ha participado en esta reunión el secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, quien ha reiterado que el proceso de planificación hidrológica que está en marcha es «especialmente dañino «para la agricultura y el regadío de Castilla-La Mancha, por lo que ha agradecido que el Gobierno regional preste su apoyo para intentar revertir esta situación.