Efectivos de la Patrulla de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Talavera de la Reina han investigado a una persona como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna y otro delito contra los animales por la captura ilegal de ejemplares de jilguero, una especie silvestre protegida por la normativa europea y española, mediante el uso de artes de caza masivos y no selectivos prohibidos.
Las actuaciones se iniciaron tras la inspección de una parcela rústica en el término municipal de Talavera de la Reina, donde los agentes detectaron la captura de seis ejemplares de aves fringílidas mediante un sistema de ramas impregnadas de liga o pegamento, empleando un reclamo vivo de jilguero macho situado en las inmediaciones para atraer a otras aves, según ha informado la Benemérita en nota de prensa.
En el lugar se localizaron cinco ejemplares de jilguero muertos en el interior de unas jaulas. Los restos fueron recogidos y remitidos al Centro de Estudios de Rapaces Ibéricas (CERI), donde se certificó que las aves, mantenidas en cautividad y bajo control humano, no habían recibido los cuidados necesarios para su bienestar, lo que finalmente provocó su muerte.
Este hallazgo motivó la ampliación de las diligencias policiales por un presunto delito contra los animales. Los ejemplares, inicialmente considerados silvestres, adquirieron la consideración de animales amansados a efectos penales, debido al control humano al que estaban sometidos.
Además, como resultado de estas actuaciones, se han formulado diversas infracciones administrativas en materia medioambiental y de sanidad animal por la tenencia en cautividad de especies cinegéticas sin autorización (ciervos), así como por la tenencia de animales de producción (ovejas) sin el correspondiente código de explotación.
En el lugar se han intervenido varios medios no selectivos empleados para la captura ilegal de aves, entre ellos una jaula trampa, once ballestas pajareras y una red japonesa o invisible con un sistema para la activación de la misma a distancia.
La captura de aves silvestres protegidas mediante métodos prohibidos constituye un delito tipificado en el Código Penal, con penas que pueden alcanzar hasta dos años de prisión, multas e inhabilitación para el ejercicio del derecho a cazar o pescar durante un periodo de hasta cinco años, suponiendo además un grave perjuicio para la biodiversidad.