La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Fiscalía Superior de Castilla-La Mancha han firmado este lunes un convenio de colaboración que tiene como finalidad mejorar la comunicación para investigar los accidentes laborales y mejorar la formación de los fiscales en esta materia.
El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años prorrogable por otros cuatro y que no precisa dotación económica, ha sido rubricado por el presidente de la Administración regional, Emiliano García-Page, y el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, en la sede de la Presidencia de la Junta de Comunidades, en Toledo, y sirve para actualizar con mejoras sustanciales y renovar el firmado en 2007, ya que ambas instituciones han reconocido que la siniestralidad laboral es un problema y se debe trabajar para reducir los accidentes en el trabajo.
Así, Page ha señalado que «la prevención empieza en uno mismo, en el que trabaja y en el que emplea», si bien ha subrayado que en los últimos años «se ha avanzado mucho» en esta materia gracias a un esfuerzo «constante y transversal», al tiempo que ha agradecido la implicación de la Fiscalía en cometidos que pueden considerarse que van «más allá de lo que se puede pensar que es el trabajo de un fiscal».
Por otro lado, el presidente regional ha recordado que la comunidad autónoma no tiene competencias en Justicia y, de hecho, ha opinado que la decisión de transferir estas competencias a las autonomías «no ha sido una de las mejores decisiones», por lo que ha propuesto que el Estado aplique una «armonización» en este ámbito para que no haya diferencias entre regiones porque «la justicia debe ser igual para todos».
Sistema ágil de comunicación entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía
Por su parte, el fiscal superior de Castilla-La Mancha también ha mostrado su satisfacción por la firma de este convenio, cuyas reuniones comenzaron a finales de 2024, que establece «un sistema ágil de comunicación» mediante el cual la Fiscalía conocerá de forma «preferente y prioritaria» las actas que levante la Inspección de Trabajo, tanto por accidentes laborales con resultado de muerte o lesiones graves, como las infracciones graves o muy graves a la ley de prevención de riesgos laborales.
Fernández ha subrayado que este intercambio de actas procedentes de las Inspecciones de Trabajo permitirá «en muchas ocasiones abrir diligencias de investigación» para dirimir si los hechos ocurridos tienen responsabilidad penal o no.
Asimismo, también la Junta de Comunidades podrá conocer qué ocurre en el ámbito jurisdiccional en cuanto a salud laboral, pues ha reconocido que hasta ahora se han producido fallos en la comunicación, de forma que la Administración regional pueda estar informada sobre si se formulan escritos de acusación, si se dicta el sobreseimiento de una causa o si los juzgados «dictan sentencias que debe conocer de forma inmediata la Consejería».
También ha incidido en el apartado de formación, ya que los técnicos de la Inspección de Trabajo podrán ofrecer formación actualizada sobre la normativa de prevención, si bien ha recordado que existen fiscales delegados en siniestralidad laboral en todas las provincias y también un coordinador en la Fiscalía autonómica.
17 años para resolver un accidente laboral
Con todo, Fernández ha reconocido que «el retraso en los juzgados y las suspensiones de juicio es el gran problema de la Administración de Justicia» y ha puesto como ejemplo un accidente laboral «muy sencillo», en el que un camión de basura dando marcha atrás atropelló a uno de los trabajadores, pero se demoró 17 años en fase de instrucción y enjuiciamiento.
Por otro lado, también ha abogado por mejorar la comunicación sobre salud laboral con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y ha propuesto una actualización de la ley de prevención de riesgos laborales, porque la que está en vigor lleva «muchos años de vigencia» y dejar fuera del ámbito de actuación «situaciones que han acaecido desde su aprobación».
Además, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, también se ha congratulado por la firma de este acuerdo y ha destacado que la región registra en la actualidad las cifras más elevadas de trabajadores y si bien ha reconocido que en materia de salud laboral «hay mucha tarea pendiente», ha indicado que los accidentes laborales con baja han bajado en general un 12 por ciento en enero.
Por otro lado, ha subrayado que de las 32.000 actuaciones en materia de inspección laboral que desarrollan entre la administración central y la autonómica, casi una de cada tres están relacionadas con la seguridad y salud laboral, al tiempo que también ha destacado que en la actualidad hay 129 inspectores y subinspectores de trabajo, frente a los 84 que había en 2020.
Corresponsabilidad entre instituciones y agentes sociales
Franco también ha agradecido «la corresponsabilidad» de los agentes sociales y ha recordado que este año finaliza el acuerdo estratégico de prevención de riesgos laborales, del que ya se han iniciado 94 de las 111 medidas incluidas, es decir, un 85 %, al tiempo que se trabaja, en el seno del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de reciente creación, para firmar un nuevo acuerdo en esta materia.