El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este lunes la propuesta de distribución territorial de las 200 nuevas plazas de fiscales, ocho de ellas en Castilla-La Mancha, lo que supondrá un incremento del 8% de su plantilla actual, que se sumarán a las 500 para jueces y magistrados avanzadas por el Gobierno.
«Hemos logrado un consenso absoluto entre el Ministerio y la Fiscalía General del Estado para distribuir territorialmente esas 200 nuevas plazas que vamos a crear», ha declarado durante una rueda de prensa en Madrid, acompañado por la fiscal general del Estado, Teresa Peramato.
El ministro ha precisado que se ha pactado «por completo» y «hasta el último detalle» cuál será dicha asignación, recalcando que se trata de «la mayor creación de plazas fiscales de la historia», mediante la cual la plantilla de la Fiscalía pasará de 2.804 a 3.004 plazas.
Asimismo, ha informado que se crearán plazas fiscales en todas las comunidades autónomas y órganos centrales, y que la propuesta se ha elaborado «teniendo en cuenta tanto la carga de trabajo como el dimensionamiento actual de las plantillas», así como consensuada con la Fiscalía.
La mayor ampliación de plantilla judicial de Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha se crearán 21 plazas de jueces para reforzar los tribunales de instancia y otros órganos como las audiencias provinciales o el Tribunal Superior de Justicia, que también se crearán este 2026. Se trata de la mayor ampliación de la planta judicial en la historia de Castilla-La Mancha.
En este contexto, la ampliación de plazas fiscales llega tras años de reivindicaciones en la región: hace ahora un año, desde la Fiscalía autonómica se advertía de la falta de efectivos y del desfase respecto a la media nacional, señalando que Castilla-La Mancha contaba con una ratio de fiscales por habitante inferior a la del conjunto del país y muy alejada de los estándares europeos.
También se alertaba de que el crecimiento de las plantillas era demasiado lento, lo que obligaba en ocasiones a no poder acudir a todos los señalamientos, especialmente en el ámbito civil, además de reclamar más personal de apoyo y una mejora urgente de los medios tecnológicos.
