El Comité de Empresa de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Toledo ha denunciado que en la residencia pública de mayores de Talavera el gobierno regional no respecta el descanso entre jornadas de los trabajadores, no dispone de registros de jornada y que, además, obstaculiza la labor de la Inspección de Trabajo.
En una nota de prensa, STAS-CLM ha asegurado que la Junta incumple el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores, al no disponer de registro de jornada en la residencia Virgen del Prado de la ciudad, así como el artículo 59 del convenio colectivo, al no respetar el descanso mínimo de doce horas entre jornadas ni los límites establecidos en materia de turnicidad.
Según el sindicato, en septiembre de 2025, la presidenta del comité de empresa, Margarita Rodríguez, presentó una denuncia referente a la vulneración del convenio, que establece que «se garantizará que ninguna persona trabajadora en régimen de turnos preste servicio más de dos fines de semana consecutivos». Sin embargo, los cuadrantes y calendarios laborales evidenciarían que se supera «reiteradamente» ese límite máximo. A ello se sumaría que la empresa no estaría garantizando el registro diario de jornada.
STAS-CLM ha asegurado que el gobierno de Emiliano-García Page ha dificultado la actuación inspectora «hasta el punto de impedir la comprobación íntegra de los hechos denunciados».
Así lo habría recogido la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, «que afirma que no se han podido constatar la totalidad de los hechos señalados dada la falta de colaboración de la JCCM con quien suscribe». La Junta no estaría aportando la documentación solicitada. Pese a ello, la inspectora habría concluido que hay incumplimientos.
Además, siempre según la versión del sindicato, la Inspección dice que no tiene competencia para revertir y sancionar los hechos porque interpreta que la Junta y la Inspección de Trabajo forman parte de la misma administración; «lo cual no se corresponde con la realidad, porque la Inspección de Trabajo depende del Ministerio de Trabajo, mientras que la Delegación de Bienestar Social depende de la Junta», argumentan.
Por todo ello, el Comité de Empresa ha exigido explicaciones sobre «la falta de colaboración mostrada por la Junta y sobre las consecuencias jurídicas derivadas de un informe que puede abrir la puerta a una peligrosa limitación del control efectivo sobre las condiciones laborales dentro de la propia Administración autonómica».
ENCLM ha preguntado a fuentes de la Consejería de Bienestar Social por este asunto y, por el momento, no ha recibido respuesta.
