El próximo 25 de junio a las 11:30 horas está previsto el desalojo de José Miguel y Denisa, dos hermanos veinteañeros -uno de ellos con discapacidad- que viven en una vivienda de protección oficial en Toledo que pertenecía a sus padres y qué, tras el fallecimiento de estos, Gicaman no cambió la titularidad y, ahora, les retira, según denuncia la Unión Popular de Inquilinos.
Uno de los portavoces del colectivo, Germán Peiró, ha explicado a ENCLM que la vivienda era propiedad de los progenitores y que, después de sus muertes, José Miguel, que tiene una discapacidad del 56%, acudió a la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha (Gicaman), perteneciente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para explicarles la situación en la que se encontraban y pedir el cambio de titularidad de esta propiedad situada en la Calle río Yedra, en el barrio del Polígono, en un edificio de 148 VPO en el que ha habido desalojos con anterioridad.
Al parecer, siempre según la versión de Unión Popular de Inquilinos, la empresa «no les contestó» y «ahora, hace unos meses, les comunicaron que tenían que irse».
Los hermanos han acudido a los servicios sociales del Gobierno de Emiliano García-Page y a la Justicia «y no les han hecho caso». En este sentido, Peiró ha lamentado que el juicio se va a celebrar una vez ejecutado el desalojo y que los afectados no tienen ninguna solución habitacional.
La organización ha criticado que sobre los jóvenes pesa un procedimiento de desahucio por precario «pese a que existen informes sociales que alertan de una situación de vulnerabilidad grave: falta de red de apoyo, carencia de recursos económicos, discapacidad reconocida, antecedentes de salud mental y riesgo cierto de quedarse sin vivienda», por lo que han apostado por revisar el caso desde una perspectiva social, habitacional y humana.
Al juzgado le piden la suspensión o el aplazamiento del lanzamiento por vulnerabilidad y justicia gratuita y a Gicaman y a la Junta que paralicen voluntariamente el desahucio, revisen la situación social de los afectados y ofrezcan una alternativa habitacional o una vía de regularización.
Alertan de los «desahucios invisibles»
El sindicato ha advertido que estos casos de desahucios no son una excepción, sino «la cara visible de una realidad que se está extendiendo en silencio por Toledo», concretamente en el casco histórico: «los desahucios invisibles». «No son desahucios, pero actúan como si lo fueran expulsando igualmente a la gente de sus casas. Son contratos que no se renuevan, subidas imposibles de asumir, edificios vendidos en bloque, viviendas convertidas en apartamentos turísticos, hoteles o activos de especulación».
Por todo ello, la organización ha instado al Ayuntamiento de Toledo, a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y al Gobierno de España que actúen de forma «urgente» para declarar el casco como zona tensionada, frenar la escalada de precios, proteger el alquiler residencial y poner límites a la especulación y a la turistificación.
La Junta se defiende justificándose en las deudas del bloque
Fuentes de la consejería de Fomento han trasladado a ENCLM que en esta promoción de viviendas hay una deuda acumulada total de 3.810.000 euros, pues hay 89 inquilinos con deuda y únicamente 19 al corriente de pago. Sin embargo, no han podido concretar si José Miguel y Denisa tienen deuda o no.
Ante los casos en los que no se paga el alquiler -de 400 euros mensuales– , Gicaman y la Junta han recurrido a la vía judicial, acumulándose 63 procedimientos activos, 39 de ellos por ocupación ilegal.
En total, en el mes de junio se van a producir seis desalojos. Fueron tres el 9 de junio, dos el día 11 y, el último, será el 25 de junio.
