Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Illescas (Toledo) han investigado al propietario de una empresa de construcción en la comarca de La Sagra por almacenar de forma irregular más de 50 toneladas de residuos peligrosos con contenido en amianto.
La investigación comenzó tras una denuncia sobre lo que se almacenaba en esa nave y las primeras gestiones de los agentes permitieron determinar que la empresa desmontaba elementos con amianto en estaciones de tren, naves industriales y asentamientos irregulares en varias provincias españolas, habiéndose manipulado de forma irregular más de 750 toneladas de residuos con amianto; según ha informado el instituto armado en una nota de prensa.
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Dichos elementos no habrían sido retirados siguiendo los procedimientos legalmente establecidos, que exigen el humedecimiento y el encapsulado de las placas para fijar las fibras y evitar su liberación durante los trabajos de desmontaje. La omisión de estas medidas habría incrementado el riesgo de emisión de fibras al ambiente, con el peligro que supone para la salud de las personas y el medio ambiente.
Exponía a trabajadores a la uralita sin medidas de seguridad
Durante la investigación se constató que seis trabajadores accedían de forma habitual al almacén clandestino y permanecían expuestos de manera continuada a las fibras cancerígenas del amianto, sin disponer de las medidas de protección y seguridad legalmente exigidas.
Los agentes detectaron diversas irregularidades relacionadas con la actividad de la empresa. Entre ellas, la remisión a la Administración de mediciones fraudulentas sobre la calidad del aire, realizadas en un lugar distinto de aquel en el que se desarrollaban los trabajos, así como la facturación de conceptos inexistentes.
Asimismo, comprobaron que la documentación sobre el destino final de los residuos habría sido alterada para hacer constar su entrega en vertederos autorizados, cuando en realidad habían sido abandonados en la nave industrial investigada.
Por estos hechos, los agentes han investigado al propietario de la empresa como presunto autor de delitos contra los recursos naturales y medio ambiente, contra los derechos de los trabajadores, contra el patrimonio y por falsedad documental.
