Agustín Yanel
Cuando un personaje millonario, o poderoso por otros motivos, se querella contra unos periodistas porque no le gusta algo que han publicado o han dicho, o porque lo considera inexacto y perjudicial para él, no lo hace para aclarar los hechos. No. Si quisiera corregir lo erróneo de una información, les enviaría un escrito de rectificación, acogiéndose a la Ley Orgánica 2/1984 que regula ese derecho. Pero si interpone una querella y solicita penas de cárcel para los informadores, su objetivo está claro: amedrentar a esos profesionales para que no informen sobre él.
Eso es lo que ha hecho el cantante Julio Iglesias, que se ha querellado contra el director de elDiario,es, Ignacio Escolar, y cuatro periodistas de ese medio; y eso es lo que ha anunciado Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso, que se querellará contra el periodista Jesús Maraña, director editorial de infoLibre, si no rectifica unas afirmaciones que hizo en TVE.
Dos extrabajadoras de Julio Iglesias le acusan de acoso sexual
En enero pasado, dos mujeres que trabajaron para Julio Iglesias en sus mansiones de Punta Cana (República Dominicana) y Bahamas -una empleada doméstica y una fisioterapeuta-, con el asesoramiento y apoyo de la organización internacional Women’s Link Worldwide, denunciaron al cantante en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Le acusaron de hechos que podrían constituir los delitos de agresión sexual, trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado, contra los derechos de los trabajadores y alguno más.
Cuatro periodistas de elDiario.es (Juan Luis Sánchez, María Ramírez, Ana Requena y Elena Cabrera), en colaboración con Univisión Noticias -un canal informativo estadounidense en español de la cadena Televisa, dirigido a la población hispana- han investigado durante tres años este caso, con un estricto cumplimiento de las normas deontológicas del periodismo, y han publicado el resultado de su trabajo. Han solicitado reiteradamente la opinión del cantante, por diversos medios, sin obtener respuesta de él.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias previas que incoó tras recibir la denuncia contra Julio Iglesias, porque los tribunales españoles no tienen competencia para investigar ese caso: los hechos han ocurrido en el extranjero y las denunciantes no residen en España ni tienen ningún vinculo personal o territorial con este país. El cantante se ha querellado contra elDiario.es, su director y cuatro periodistas por la presunta comisión de los delitos de injurias con publicidad y calumnias, y contra la integridad moral.
El novio de Isabel Díaz Ayuso anuncia una querella contra Jesús Maraña
El día 4 de julio, Jesús Maraña reflexionó en una tertulia en TVE sobre lo que consideró una aparente doble vara de medir por parte de la Justicia y la diferente velocidad en la que son tramitados los asuntos en los juzgados, dependiendo de quién sea la persona acusada.
Alberto González Amador había declarado como testigo en un juzgado, por la filtración de datos personales de dos periodistas de El País que investigaban sobre el ático en que vive con Isabel Díaz Ayuso. Miguel Ángel Rodríguez dijo en su día que esos datos se los había enviado el novio de Ayuso a él y la jueza quería comprobarlo. Pero González Amador dijo que había borrado todo el contenido de su teléfono móvil después de que alguien hubiera hackeado los teléfonos de su abogado.
A Jesús Maraña le pareció curioso que González Amador argumente el borrado del contenido de su móvil y que haya sido precisamente el borrado del móvil del ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, uno de los indicios fundamentales que utilizó el Tribunal Supremo para condenarle e inhabilitarle. Por ese comentario, el novio de Díaz Ayuso le pide que rectifique en TVE e infoLibre, que le pida disculpas, que le indemnice con 50.000 euros y que se comprometa a no volver a difundir informaciones sobre él «falsas, difamatorias, vejatorias, injuriosas, calumniosas u ofensivas», algo que no hizo el periodista en sus reflexiones en la televisión pública.
Los jueces resolverán en su momento sobre la querella de Julio Iglesias y la que ha anunciado González Amador. Pero, a la vista de los argumentos de ambos -y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la prevalencia del derecho a la información frente a otros cuando el periodista recaba información que es de interés general con la diligencia profesional exigida, como han hecho los de elDiario.es-, no es nada aventurado decir que ninguna de las dos tendrá recorrido alguno en los juzgados.
Rectificar los errores informativos, sí; dejar de informar, nunca
Los periodistas deben rectificar cuando se equivocan en una información, pero no se les puede pedir que dejen de informar sobre un tema de interés general, como pretende el novio de Díaz Ayuso. Las acciones legales emprendidas por Julio Iglesias y Alberto González Amador son un ataque al periodismo y al derecho a la información que tiene la ciudadanía, como han manifestado la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) y otras organizaciones profesionales.
Esos son dos casos claros de las llamadas demandas estratégicas contra la participación pública -las SLAPP, por sus siglas en inglés Strategic Lawsuits Against Public Participation-. Son acciones judiciales que presentan grandes empresas, administraciones públicas o personas con poder para intentar acallar a medios de comunicación y periodistas, ong y activistas sociales.
Esto preocupa tanto en Europa que el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron en abril de 2024 una Directiva anti-SLAPP. Esa norma debería estar en vigor en todos los países de la Unión Europea desde el 7 de mayo último, pero que todavía no ha sido traspuesta al ordenamiento jurídico español. Lo mismo ocurre con el Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, una norma importante para la independencia del periodismo que debería estar en vigor desde hace más de un año pero el Gobierno no ha adoptado las medidas necesarias para ello.