Nada más tomar posesión de su cargo como presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Pilar Astray, una magistrada que había demostrado sobradamente su compromiso contra la violencia de género, volvió a mostrar su preocupación por el colapso que afecta a los casos relacionados con estos delitos. ENCLM preguntó a la magistrada, también presidenta de la Sala Civil y Penal del TSJCLM , por la situación en relación a la violencia machista, pero también por la que se ejerce sobre los menores, con abusos de sus entornos o desde el ciberespacio.
En su opinión, avanzar implica solucionar algunos problemas generales, como lograr una buena cobertura de las plazas vacantes, además de incrementar los recursos humanos tan reiteradamente reclamados, pero también echa de menos una mayor especialización de los profesionales que intervienen, incluidas las plazas judiciales, o de funcionarios y letrados. La condena social es igualmente un elemento que considera relevante para combatir ambas violencias. Adelantamos lo tratado con Pilar Astray sobre este tema, que forma parte de la entrevista que publicaremos íntegra mañana.
«En violencia de género hay problemas estructurales aún sin solucionar»
En sus primeras manifestaciones puso especialmente el acento en el colapso que afectaba a los casos por violencia de género. ¿Ha mejorado la situación? ¿Cómo funciona el convenio firmado con la Consejería de Igualdad?
En violencia de género nos preocupa todavía la dotación funcionarial y la cobertura de las plazas por gente formada; querríamos un servicio especializado, tanto de funcionarios como de las plazas judiciales, letrados; lo digo con todos los respetos, que tenemos estupendos profesionales de sustitución externa sirviendo plazas de violencia. Queda también que ciertos problemas estructurales se den totalmente por solucionados: han llegado refuerzos a Toledo y Ciudad Real, pero también tenemos muchos órganos y, sobre todo, hay poblaciones pequeñas que están estructuralmente en deficiencia de plantillas por falta de cobertura de vacantes; eso también afecta. Eso compete a la administración prestacional, que es el Ministerio. En cuanto al camino con la Consejería es de coordinación institucional.
Las memorias judiciales alertan del crecimiento imparable de la cibercriminalidad, en todas sus modalidades, desde la estafa al acoso o abuso de menores. También vemos crecimiento de los delitos sexuales sobre menores, especialmente niñas y a menudo en su círculo familiar… ¿Se confirma la tendencia?
El aumento de la ciberdelincuencia tiene una gran complejidad a nivel preventivo y de seguridad. Jugamos a veces con estafas que se producen desde puntos de otra parte del planeta y cuyo rastro es muy difícil de seguir y a veces no tenemos servidores obligados a facilitar datos; e, incluso los que están obligados, no siempre colaboran.
El Código Penal y los cibrecriminales
¿El Código Penal está preparado o van por delante los cibercriminales?
El Código Penal ha sufrido reformas para adaptar este tipo de delitos. En lo que quizás no estamos preparados es en la ponderación de hasta qué punto limitamos derechos fundamentales para proceder a la investigación penal. A veces averiguar quién está detrás de un IP no lo puedo averiguar por no sobrepasar un determinado límite en la investigación, que afecta a la intimidad. Ahí quizás sí que tenemos que ir ampliando y avanzando en ese tipo de investigaciones de delitos que afectan a muchos ciudadanos y generan una cierta sensación de impunidad e inseguridad.
Cibercriminalidad: «Quizás no estamos preparados en la ponderación de hasta qué punto limitamos derechos fundamentales para proceder a la investigación penal»
Los menores parecen estar cada vez más en una situación de desprotección, entre el acoso de por internet y los abusos en entornos familiares…
Aumentan los asuntos sobre delitos de índole sexual, también porque se están denunciando. No podría decir, porque no he hecho esa estadística, si hay muchos más que hace años o es que se denuncian más; porque venimos de un cultura en la que determinados abusos no han sido expulsados de la sociedad en general.
Ni se consideraban abusos, ni se denunciaban…
Yo creo que considerar abusos, sí; pero la denuncia pública y la expulsión social, no. El rechazo social es bastante importante para la creación de una conciencia ciudadana, no solo lo que nosotros podamos hacer con una sentencia. También recibimos a poblaciones que parten de otro universo cultural. Hay una amalgama de situaciones muy complejas. Hay abusos de menores desde su entorno, desde entornos próximos pero no tan cercanos, pero que sí que tienen alguna relación o el menor ha podido estar expuesto a esa persona porque era pariente de un amigo… Eso genera mayor facilidad que el depredador que va por la calle, rapta a un menor y se lo lleva. La conciencia y la expulsión social son importantes y que se denuncien no es un mal síntoma.
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