El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la figura de las entidades colaboradoras de la Administración regional, una nueva herramienta que supone un paso más en el proceso de modernización de los servicios públicos y en la implantación de un modelo administrativo «más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía».
Así lo ha asegurado el vicepresidente primero, José Luis Martínez Guijarro, quien ha detallado que el decreto desarrolla el marco previsto en la Ley de Simplificación, Agilización y Digitalización Administrativa y establece un sistema para la colaboración de entidades privadas en la tramitación de determinados procedimientos administrativos especialmente complejos desde el punto de vista técnico o con una elevada carga de gestión.
En concreto, ha destacado que esta norma “permite ganar eficacia y reducir cargas administrativas para ciudadanos, empresas y administraciones, sin privatizar en ningún caso las funciones públicas ni disminuir las garantías jurídicas”.
Las funciones que podrán desarrollar
En este sentido, ha subrayado que las entidades colaboradoras desarrollarán exclusivamente funciones técnicas de verificación, certificación, evaluación y apoyo especializado, mientras que las competencias de autorización, resolución, inspección y control seguirán correspondiendo íntegramente a la Administración Pública.
Asimismo, la utilización de estas entidades tendrá siempre carácter voluntario para las personas interesadas, por lo que ningún ciudadano o empresa estará obligado a acudir a ellas para tramitar un procedimiento administrativo.
Se trata, ha continuado Martínez Guijarro, de que los ciudadanos y las empresas encuentren una Administración más rápida y eficiente, pero también más segura y con todas las garantías, porque, tal y como recoge el decreto, se simplifica, pero no se renuncia al control administrativo, ya que, además, se crea el Registro General de Entidades Colaboradoras de Castilla-La Mancha, que permitirá garantizar el seguimiento y control de todas las entidades autorizadas, incorporando información sobre autorizaciones, renovaciones, tarifas, sanciones, memorias de actividad y entidades locales que decidan utilizar este instrumento.
Un modelo con las máximas garantías
Ahondando en el articulado del decreto, se establece que, para poder actuar como entidades colaboradoras (ECAS) se ha detallado un sistema que otorgue garantías a la ciudadanía. Para ello, las empresas que quieran operar como ECAS en la región deben obtener autorización administrativa previa, estar acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), inscribirse en un Registro General específico, disponer de personal técnico cualificado, acreditar solvencia organizativa y económica, contar con sistemas internos de calidad y control y suscribir una póliza de responsabilidad civil profesional con una cobertura mínima de un millón de euros.
“Todo ello estará sometido a un régimen permanente de supervisión e inspección por parte de la Administración autonómica”, ha confirmado el vicepresidente primero de Castilla-La Mancha.
Los ámbitos en los que pueden actuar las ECAS
El nuevo régimen jurídico permitirá incorporar entidades colaboradoras en distintos ámbitos de actuación administrativa, entre ellos el urbanismo, la gestión forestal, los servicios sociales, el patrimonio cultural, la actividad cinegética, la economía circular y la evaluación ambiental.
En todos estos sectores podrán desarrollar funciones técnicas de comprobación documental, evaluación, certificación del cumplimiento normativo o apoyo especializado en la tramitación de expedientes, contribuyendo a agilizar los procedimientos y mejorar la capacidad de respuesta de la Administración. Todos ellos, ha dicho el vicepresidente, de “ámbitos que están muy relacionados con el impulso a la actividad económica” de la región.
Finalmente, el vicepresidente primero ha explicado que las entidades colaboradoras se han pensado como una herramienta esencial para los pequeños ayuntamientos de las zonas rurales de la región, que no tienen personal y tienen problemas a la hora de desatascar proyectos urbanísticos.