Ante las recientes manifestaciones públicas emitidas por el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, relativas a la acogida de menores extranjeros no acompañados procedentes de Ceuta, el Colegio Oficial de Trabajo Social de CLM, en representación de las trabajadoras y trabajadores sociales de la región, reclama «responsabilidad ante dicha acogida.
Emiliano García-Page afirmaba que «el Gobierno tiene que cumplir con la palabra que ha dado y es devolver a todos los que han entrado ilegalmente».
«Lo contrario ser tanto como provocar nuevas invasiones», dijo, subrayando que «si es una invasión, si es una vulneración de la integridad territorial de España, si los ministros del gobierno de España, el presidente, el ministro de Exteriores, han dicho por activa y por pasiva que se van a devolver a todos y que pierdan la esperanza incluso de pasar a la península, creo que tienen que cumplir al menos con ese compromiso».
«La Junta tiene la responsabilidad»
Ante estas declaraciones, el Colegio Oficial de Trabajo Social de CLM manifiesta que «la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha como entidad pública competente en materia de protección y tutela de menores en su territorio, tiene la responsabilidad de garantizar la atención, protección y bienestar de toda persona menor de edad que se encuentre en situación de desamparo, con independencia de su nacionalidad, origen o procedencia».
El Colegio añade que «el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha reconoce a la comunidad autónoma competencias en materia de asistencia social y servicios sociales, así como en protección y tutela de menores, competencias desarrolladas actualmente por la normativa autonómica de atención y protección a la infancia y la adolescencia».
Y añade que «esta competencia autonómica no exime a nuestra región de sus deberes dentro del Estado español. Existe la obligación legal y constitucional de colaborar con otras autonomías bajo el principio de solidaridad interterritorial. Castilla-La Mancha no puede eludir el modelo de acogida vinculante ante situaciones de contingencia humanitaria en territorios fronterizos. El reparto corresponsable es un mandato legal y un mecanismo de justicia distributiva para garantizar que ningún territorio se vea desbordado en la atención a la infancia».
«La protección de la infancia es un imperativo ético y legal»
«Toda actuación de los poderes públicos que afecte a personas menores de edad debe situar en el centro su interés superior, su dignidad y la garantía efectiva de sus derechos», insiste, porque considera que «la protección de la infancia es un imperativo ético y legal supeditado a tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Los menores migrantes son, ante todo, niños y niñas en situación de extrema vulnerabilidad. El principio del interés superior del menor debe prevalecer sobre cualquier otra consideración política, demográfica o de control fronterizo, quedando totalmente fuera de lugar discursos que criminalicen o utilicen términos alarmistas como «invasión» para referirse a la infancia desprotegida.
Para el este colegio profesional, «nuestro Código Deontológico del Trabajo Social nos mandata a defender los derechos humanos, la justicia social y la dignidad de todas las personas. Como profesionales esenciales del sistema público de servicios sociales, tenemos la obligación ética y técnica de denunciar públicamente cualquier declaración, actitud o política institucional que vulnere estos principios, fomente la xenofobia, fracture la cohesión social o suponga una dejación de funciones en el cuidado de los colectivos más desfavorecidos».
«Protección»
Añade que «la protección de niños, niñas y adolescentes no puede quedar subordinada a intereses partidistas ni convertirse en objeto de confrontación política. La responsabilidad de las administraciones públicas debe medirse por su capacidad para garantizar derechos, proteger a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad y ofrecer respuestas eficaces y sostenibles».
A juicio del Colegio de Trabako Social de CLM», «garantizar los derechos de la infancia requiere también sistemas públicos de protección sólidos, suficientemente dotados y capaces de responder de manera adecuada y sostenible a las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes. Fortalecer estos sistemas debe formar parte de cualquier respuesta responsable ante situaciones de especial presión».
Y concluyen: «Por todo ello, instamos a los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma a actuar con responsabilidad, mantener la cordura institucional, a cumplir estrictamente con los marcos legales de protección a la infancia y a liderar desde el ejemplo de la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el compromiso con el bienestar social».
