El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha pedido este miércoles la «simplificación burocrática» para los productores y ha expresado su rechazo a la reducción de las ayudas económicas correspondientes a la Política Agraria Común (PAC).
Reducción de burocracia
En declaraciones a la prensa previas a la reunión del consejo consultivo de Agricultura, Martínez Lizán ha querido trasladar lo que considera un «clamor fundamental»: la reducción de burocracia para que los agricultores puedan trabajar «mejor y con más tranquilidad».
El consejero ha destacado que la «simplificación administrativa» no solo beneficiaría a los productores, sino también a la propia administración ya que «facilitaría el trabajo» de gestión de la «cantidad de expedientes» que realizan, ha dicho.
En este sentido, Martínez Lizán ha señalado que solo en Castilla-La Mancha son 82.000 expedientes relacionados con la PAC para revisar cada campaña, con la consiguiente carga de trabajo para los funcionarios que ello supone cada año.
Importe único por hectárea
Por ello, ha abogado por que haya una «única región de pago» a nivel de la PAC, en el que haya un importe único por hectárea para todos los agricultores con independencia de dónde se asienten.
Por otro lado, el consejero castellanomanchego ha exigido que el nuevo presupuesto de la PAC sea al menos igualado «en volumen» en el próximo acuerdo.
Martínez Lizán ha calificado de «línea roja» el recorte de 45.000 millones de euros que, según él, está planificado en el nuevo pacto de la PAC.
Relevo generacional en el campo
Además, el consejero ha destacado la importancia de proteger el relevo generacional en el campo, y ha ensalzado el manifiesto unánime promulgado en el Comité de las Regiones en el que se pedía al Parlamento Europeo destinar el 10 % del presupuesto de la PAC a jóvenes agricultores y ganaderos.
Martínez Lizán ha expresado que Castilla-La Mancha quiere defender una posición de unidad para España, «conjuntamente las 17 comunidades autónomas», para afrontar de forma unánime «estos retos» ante la Comisión y el Parlamento europeos con más «garantías de éxito».
